La suspensión de los servicios de los centros de salud por parte de agrupaciones políticas y, además, radicalizadas, es una condenable manifestación de ingobernabilidad y una expresión de cómo los derechos elementales de los hondureños son violentados.
Solamente en el Distrito Central, por lo menos cinco centros de salud estaban paralizados por el capricho de una facción del partido que ejerce el poder, en virtud de lo cual entre 800 y 1,000 pacientes dejaban de ser atendidos diariamente.
El derecho humano a la salud ha sido vilmente pisoteado en el país y, sin embargo, ha habido una reprochable inacción de la misma presidente, Xiomara Castro, que tiene la responsabilidad de administrar este país y de garantizar a los hondureños los servicios prestados por los hospitales y centros sanitarios.
Lo que interpretamos es que la parálisis de la mandataria, parece estar en sintonía con un premeditado plan del coordinador de Libre y principal asesor de la Presidencia y exgobernante, Manuel Zelaya Rosales, de “dejar hacer y dejar pasar” los abusos cometidos por los activistas que engendran odio y violencia en el país.
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¿Perdieron, la presidente Castro y el depuesto gobernante Zelaya Rosales, el control sobre los activistas de Libre? ¿Es parte de la estrategia del Poder Popular desatar la presión de los Colectivos, con el ánimo de que prevalezca la anarquía en el sector salud?
Lo que resulta incontrastable es que los centros de salud han estado invadidos como producto de una furibunda lucha en el interior del mismo Partido Libertad y Refundación.
En esta pugna -que por ahora ha llegado a su fin gracias a un acuerdo alcanzado esta madrugada- han intervenido el grupo apegado a las estrategias del exmandatario Zelaya Rosales, por un lado; y la facción que se asume es alentada por el círculo que apoya las pretensiones del diputado Jorge Cálix, por otra parte.
Frente a los embates de los políticos, el ministro del ramo, José Manuel Matheu, se ha declarado indefenso, incompetente, e incapacitado para recuperar el orden en la red de hospitales y de los centros asistenciales; por añadidura, ha sido acusado de tener detrás de él a agitadores que generan crisis, en alianza con los nacionalistas.
La arremetida de los políticos, de cualquier corriente a la que pertenezcan, es una desgracia para la población que vive en la pobreza y que no tiene más opción que buscar asistencia médica en el sector público.
No es digno, ni humano, ni concebible que en nuestro país el poder lo ejerzan por la fuerza grupúsculos de políticos que pregonan ser protectores de los derechos del pueblo.
Lo que impera es el desconcierto en un sector tan sensible como la salud. ¿Quién defiende a los desvalidos? No merecemos los hondureños una gestión sin orden, sin rumbo, sin planes y sin garantía de los derechos humanos más preciados; uno de ellos, la salud.
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