Mientras el estipendio mensual del Comisionado Nacional de Reforestación, vale decir, activista nada más del partido gobernante, sobrepasa los 109 mil lempiras, el salario de un médico subespecialista que labora por contrato, en el sistema sanitario público, roza los 36 mil lempiras mensuales.
Mientras el estratosférico salario del dizque Asistente Presidencial de Presos Políticos y Sociales alcanza las tres cifras, el único cirujano vascular que tiene el Seguro Social para atender a toda la población de derechohabientes de Tegucigalpa, apenas supera la barrera de los 44 mil lempiras mensuales.
Algo no está funcionando bien entonces, en cuanto a una configuración coherente y equilibrada de inversión en prioridades en el engranaje institucional del Estado de Honduras.
Si cada uno de los dos burócratas que conforman la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social gana 156 mil 185 lempiras mensuales, en detrimento de los 25 mil lempiras que, por ejemplo, percibe en el mismo sistema sanitario, un profesional médico de la Química y Farmacia, no hemos llegado entonces a entender que la inversión en salud como una prioridad, insistimos, coherente y justa, es una clave para el desarrollo sostenible de los pueblos.
La relación entre la salud, desarrollo social y crecimiento económico está probada. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud demostraba, precisamente, los beneficios que entraña una mayor y sostenida inversión en salud en el desarrollo humano sostenible, el crecimiento económico y el bienestar general de una sociedad.
Los gobiernos no pueden seguir destinando, por ejemplo, recursos públicos para la compra de armamento y equipo militar de última generación como los helicópteros Airbus, mientras sólo un 2 por ciento de la población hondureña de la tercera edad tiene un seguro médico pagado.
No se justifica y no podemos tolerar el derroche de fondos de las arcas públicas para sostener a activistas en cargos y funciones hasta estrafalarias y ridículas, mientras sólo 2 de cada 100 hondureños, mayores de 60 años, están cubiertos por los programas de seguridad social.
Es la hora de invertir más en salud pública y de destinar los recursos suficientes para construir un sistema sanitario inclusivo, que sea capaz de responder a las necesidades hospitalarias más básicas de la población vulnerable.
Lamentablemente, ningún gobierno lo entendió. Invertir coherentemente en salud y destinar los recursos de manera equitativa y justa, le hubiese garantizado a más hondureños el acceso a la salud universal.
En su momento cuestionamos fuertemente al Ejecutivo y a los diputados que en el Congreso Nacional recortaron 428 millones de lempiras de la partida destinada para la compra de insumos y medicamentos básicos, mientras se la aprobaba a la politizada Secretaría de Defensa la compra de 4 helicópteros Airbus a un precio unitario de 11.5 millones de dólares.
¿Cómo vamos, entonces, a avanzar hacia una salud universal a partir de la asignación priorizada de los recursos, si lo que la institucionalidad gobernante de turno hace es recortar más bien los presupuestos que ya de por sí son siempre insuficientes?
Los países que no protejan la salud y el primer patrimonio de una nación, que es el ser humano, serán incapaces o les costará más, alcanzar los beneficios de la prosperidad económica y el bienestar social, a través de la cobertura universal en salud.
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