El próximo y cercano 10 de julio se estarán cumpliendo dos años exactos de uno de los mayores desfalcos sufridos por el pueblo hondureño cuando en horas de la mañana atracaba en Puerto Cortés un barco proveniente de Turquía con los dos primeros hospitales móviles para enfermos de covid.
Se concretaba así la nefasta compra de las estructuras para enfrentar la pandemia; una acción a través de la cual la administración anterior quedaría marcada con uno de los capítulos de corrupción e impunidad más deleznables en la historia del país.
El 15 de septiembre del 2020 el Consejo Nacional Anticorrupción encendía las alarmas sobre aquel monstruoso fraude al aportar las primeras evidencias que identificaban un “abominable perjuicio” al Estado de Honduras por parte de Invest-H que superaba los 800 millones de lempiras.
Cuánto tiempo ha transcurrido a partir de los dos episodios cronológicos que acabamos de repasar y miren ustedes en lo que ha quedado hasta el día de hoy, el que terminó siendo el capítulo de corrupción y letalidad humana más abominable que nos recuerda la historia reciente de Honduras.
Más de diez mil hondureños fallecieron durante estos dos años de pandemia y miles más no pudieron tener acceso a un servicio básico que contuviera el establecimiento temprano del contagioso y mortal virus porque simplemente las tales estructuras no sirvieron para lo que las autoridades de turno justificaban que se iban a ocupar, al aborrecible precio que le terminaron costando al mismo pueblo hondureño.
¿Y los funcionarios que le dieron luz verde a la fraudulenta compra?, ¿Qué fue de los altos funcionarios que los dos únicos indiciados hasta el día de hoy, empleados de segunda y tercera categoría, mencionaron con nombre y apellido, como los responsables directos y autorizados de pagar los casi 50 millones de dólares que dizque costaron las tales e inservibles estructuras?
¿Por qué guardó silencio cómplice la institucionalidad? En qué clase de sociedad vivimos, preguntaba un célebre escritor latinoamericano; de que democracia nos llegamos a preciar tener, cuando los corruptos y criminales pueden llegar a vivir en la más completa y apacible impunidad.
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¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que quedó en evidencia el estado de Honduras con dicha y fraudulenta compra, y aquí nadie, salvo esos dos, pagarán con cárcel y castigo el aborrecible delito cometido; un delito que le costó la vida a miles de ciudadanos?.
Si es que si no somos nosotros, estos medios de comunicación consecuentes con esa sed de justicia que seca la garganta del sufrido pueblo hondureño, nadie ni nada habla ya del letal fraude de los hospitales móviles.
Somos lamentablemente de memoria corta o nuestra memoria es magnífica para olvidar. Es que no hay una manera cierta de entender porque nos olvidamos rápidamente de los hechos.
Aquí estamos frente a una conjugación de razones que han llegado a sumir al país en este estado de indefensión frente al delito. Por eso es que aquí la impunidad ha echado raíces tan profundas como las de la corrupción, pública y privada. Por eso es que los alcances nefastos de la impunidad son tan parecidos y hasta iguales a los de otros delitos igualmente sin castigo y sin consecuencias en Honduras para quienes los cometen.
Por eso es que aquí se llegó a crear y fortalecer un entramado institucional y sólido de impunidad. Y de esas estructuras son parte jueces, magistrados, políticos, partidos, empresarios y particulares vinculados con las redes que desde las esferas más altas, mueven los hilos de la impunidad y corrupción.
Ha sido para pesar y dolor del país, una especie de plaga que llegó a corroer los cimientos más profundos de la probidad, operatividad y efectividad de los organismos y entes fiscalizadores creados para perseguir el delito y resguardar a la ciudadanía misma.
