Honduras cerró el 2024 con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Centroamérica. Y seguimos a la cola en la región en el indicador de cobertura educativa, y con una de las brechas más ensanchadas en cuanto a oportunidades de acceso a un trabajo decente para miles de jóvenes que anualmente gradúan las universidades públicas y privadas. Demás está decir que lejos seguimos también de los objetivos globales como país, de apostar a estos que son, además, de derechos inalienables, los eslabones para alcanzar el desarrollo social inclusivo y mejorar la calidad de vida de la población hondureña en general.
La educación y el trabajo constituyen esos ejes claves para la inclusión laboral y el aumento de la productividad de una sociedad. Están estrechamente asociadas con las oportunidades para acceder a mejores condiciones sociales y económicas, y en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y en esto en donde el Estado de Honduras y su institucionalidad de turno no pudo avanzar. De 100 mil jóvenes profesionales que ingresan al mercado laboral cada año, solo 6 mil encuentran un trabajo. Esas son las brechas y desigualdades que afectan a los jóvenes hondureños, que imposibilitan el acceso a puestos de trabajo decente y que los condenan en muchos casos al desempleo o al empleo precario, es decir, a la pobreza.
No pudimos como sociedad desarrollar mecanismos tendientes a transformar las políticas y las instituciones y sus entornos; no se pudo, desde un modelo de desarrollo sostenible, atender ni responder a las necesidades específicas de estos vulnerables segmentos históricamente afectados por la exclusión social y las desigualdades estructurales. Fracasamos en garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos. Es la pesada cruz que han tenido que cargar más de 120 mil jóvenes, entre las edades de 19 a 24 años, que están desocupados, y que representan el 33 por ciento de la tasa de desempleo del país. Son los 8 mil, de los 10 mil jóvenes graduados anualmente en la Universidad Nacional Autónoma, que no consiguen trabajo.
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Que en Honduras tengamos más de 930 mil jóvenes que no trabajan ni estudian solo refleja el fracaso del Estado y su institucionalidad en generarle esperanza a su juventud, y garantizarle las condiciones y herramientas para que a través de la educación formal y un trabajo decente, puedan alcanzar y coronar sus metas de vida.
Que de 100 mil jóvenes graduados universitarios, sólo 6 mil encuentren trabajo, representa una verdadera tragedia social y humana sobre la cual no habido deducción de responsabilidades. Nadie ha asumido nunca su culpa por la tragedia de un país en el que su institucionalidad no se dio cuenta nunca que la verdadera prioridad y principal reto, es y era, garantizar el derecho constitucional a la educación y a un trabajo decente.
No es entonces casualidad que Honduras ocupe los últimos lugares en los indicadores de subdesarrollo y desigualdad. Por eso es que la pobreza le ha privado la educación a más de medio millón de niños y jóvenes, y a miles de jóvenes que una vez graduados no tengan casi que ninguna oportunidad de insertarse de inmediato al mercado laboral nacional.
La catástrofe generacional, que desperdicia un capital humano incalculable, que ha minado décadas de progreso y que ha exacerbado desigualdades arraigadas, es la herencia que la clase política nos ha dejado. La conspiración más grande contra la inclusión y equidad, contra el desarrollo humano sostenible, contra la aspiración y urgencia de construir una sociedad más democrática e inclusiva, respetuosa del ser humano, y sobre todo, de la juventud de Honduras.
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