La crisis institucional de nuestro país puede ir más lejos de lo que podríamos suponer y traer consecuencias insospechadas.
No parecen inmutarse los principales actores de esta situación que se profundizó por la parálisis legislativa y que ha tenido eco aún en esferas políticas de Estados Unidos, con motivo de la elección de las autoridades del Ministerio Público.
Los sectores en la oposición política, organismos de la sociedad civil, la jerarquía religiosa y funcionarios de alto mando del gobierno de Estados Unidos, han advertido que Honduras está en proceso de perder su institucionalidad y de caer en el absolutismo merced al rompimiento de la independencia y complementariedad de los poderes del Estado.
Se ha puesto en la línea más frágil el orden constitucional y el Estado de Derecho; también se ha generado un tipo de inestabilidad que nos puede conducir hacia un país inviable, si es que ya no entramos en ese proceso.
Lo que nos provoca desasosiego es el nivel de violencia política en que nos tienen atrapados los que han engendrado la tesis refundacional y aquéllos que, desde el otro extremo ideológico, pregonan ser quienes salvaguardan la democracia y el rescate del país de las garras del comunismo.
Es una situación convulsiva que incluso ha causado preocupación entre un grupo de congresistas y senadores de Estados Unidos, que perciben a Honduras como un país donde se ha instalado el socialismo y propinado un golpe a la democracia con la toma de decisiones en el Congreso Nacional al margen de los consensos y de la legalidad.
En esa radiografía sobre lo que acontece en Honduras, influyentes políticos norteamericanos han alertado sobre la intención del Gobierno Castro-Zelaya de consolidarse en el poder y, en ese mismo renglón, han demandado a la administración de Joseph Biden que tome prontas medidas diplomáticas y económicas.
No es eventual que nuestro país haya quedado al margen de la Cuenta del Milenio, en razón de haber reprobado ocho de los 20 indicadores evaluados para el acceso a tales fondos, entre éstos la batalla contra la corrupción.
Nuestros gobernantes de turno se han negado a darle lectura a los pronunciamientos de los políticos estadounidenses y escuchar sus valoraciones acerca de nuestra crisis institucional.
Los personeros de la refundación se han encerrado en sus argumentos de que Estados Unidos tiene una injerencia en los asuntos soberanos de Honduras y que los sectores nacionales que hacen oposición están aliados con los corruptos y el crimen organizado.
¿No es una defensa peregrina o una expresión de intolerancia? Sea como fuere, en HRN convenimos con que la violencia política está arrastrando al país hacia el fracaso y el deterioro institucional.
El diálogo sincero para llegar a consensos y el compromiso con Honduras deben prevalecer. ¿O es que el objetivo es destruir nuestra democracia?.
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