La detención judicial se aplicó igualmente a Daniel Antonio Ardón, exsocio de Axel López, acusado de fraude. Se fijó la audiencia inicial para el martes 14 de noviembre.

Daniel Ardón, exsocio de Axel López, y los exfuncionarios de la liquidada Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Héctor Herrera y Carlos Guevara, enfrentan acusaciones del Ministerio Público por su presunta participación en la adquisición fraudulenta de siete hospitales móviles destinados a combatir la pandemia del covid-19.

La audiencia de declaración de imputados se llevó a cabo ante el juez de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción.

Los imputados, Héctor Antonio Herrera Flores y Carlos Luis Guevara Mondragón, enfrentan cargos por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, mientras que Daniel Antonio Ardón se enfrenta a un cargo de fraude.

Según Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, en el caso de dos de los imputados, las órdenes de captura emitidas previamente se ejecutaron, lo que llevó a su detención. En cuanto al tercer imputado, este ya estaba bajo detención por otro proceso.

La resolución de la audiencia de declaración de imputados puede seguir dos vías, explicó. En una de ellas, se decide la detención judicial, lo que significa que las personas deben permanecer en un centro de reclusión del país a la espera de una audiencia inicial que debe llevarse a cabo en los siguientes seis días.

La otra posibilidad es una medida distinta a la detención judicial, lo que permitiría que los acusados se defiendan en libertad hasta la audiencia inicial, con un plazo de desarrollo de hasta 15 días.

En este caso, las órdenes de captura siguen vigentes para las personas que no han comparecido a la audiencia de declaración de imputados.

Si no se presentan voluntariamente o si sus equipos de defensa no solicitan una nueva fecha para su comparecencia, deberán presentarse nuevamente ante el juez de letras de criminalidad organizada y corrupción para llevar a cabo la audiencia de imputados.

El caso Hospitales Móviles

El caso se centra en una supuesta red de corrupción público-privada que, según la Fiscalía, orquestó fraudulentamente la compra de siete hospitales móviles por un total de 47.5 millones de dólares con el objetivo de enfrentar la pandemia del covid-19.

Sin embargo, los peritos de la Fiscalía han constatado que estas unidades modulares ni siquiera estaban diseñadas para atender a pacientes de coronavirus. Algunos de estos hospitales móviles se encuentran en un estado tan precario que se les considera chatarra.

Derivado de ello, el fiscal general en funciones, Johel Zelaya, tomó medidas al remover de sus cargos al director y subdirectora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro y Kenya Reconco, así como al director de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (Fetcoop), Héctor Morales.

Por el caso de la compra fraudulenta de siete hospitales móviles ya guarda prisión el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, declarado culpable por tribunal y condenado a casi 17 años de prisión, unos 11 por los hospitales móviles y otros seis por el caso de la compra de casi medio millón de mascarillas sobrevaloradas.

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