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En alguna medida no nos sorprende que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción haya absuelto de responsabilidad penal a nueve imputados en el caso “Patuca”.



Ocurre que en Honduras la impartición de justicia es muy “sui géneris”, es “extraña” y objeto de varias interpretaciones, según se trate de la vinculación con el poder que tengan los personajes enfrentados con las leyes.



La comunicación emitida por las instancias jurisdiccionales subraya que la resolución absolutoria se adoptó por unanimidad de votos y en razón de que las pruebas presentadas contra los implicados no fueron suficientes.



Como se sabe, el Ministerio Público señala a los imputados en el expediente “Patuca”de haber formado parte de una red de corrupción que defraudó al Estado por medio de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



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Hace apenas tres meses, en agosto, un tribunal especial formado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinó sobreseer definitivamente a la mayoríade los implicados en el capítulo llamado “Pandora”.Nada más tres acusados mantienen formal procesamiento, pero con medidas distintas de la prisión.



De esta manera salieron bien librados casi todos los 38 funcionarios, entre ellos varios diputados actuales, y muchos particulares, a quienes se les acusaba de malversación de más de 282 millones de lempiras de las carteras ministeriales de Finanzas y de Agricultura y Ganadería, a través de dos fundaciones.



A los célebres “pandoros” se les presumía culpables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos en perjuicio de la administración, de la fe pública y de la economía del Estado de Honduras.



Son apenas dos ejemplos de la inequidad con que son aplicadas las leyes en Honduras y de la singular manipulación de los principios del debido proceso y de la pronta justicia.



Además, está en ciernes otro intento por burlar la recta impartición de la justicia. Abogados defensores de ex directivos del Seguro Social, entre éstos el ex director de la institución Mario Zelaya, han pedido al Ministerio Público que los exonere de varios delitos, para lo cual se amparan en benevolencias consignadas en el nuevo Código Penal.



No es solamente cuestión de percepción, sino una realidad patente que Honduras está dentro de una telaraña tejida para proteger a los corruptos. En nuestro país es muy débil la línea trazada de la justicia; casi siempre es traspasada por la impunidad.



Los deshonestos están agazapados, constituidos en una sólida red y sostenidos por grupos de poder político y económico. Y ante dicha sociedad no han podido prosperar los esfuerzos que llevan a cabo organismos que propugnan por la transparencia y por la rendición de cuentas.



Los corruptos, incrustados dentro de la misma esfera del poder y aliados con algunos sujetos externos especializados en las artes de apropiarse de los fondos que no les pertenecen y de hacer negocios sucios, han sido capaces de echar por la borda aquellas iniciativas de combate a la impunidad que alguna vez despertaron confianza entre el pueblo.



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Tenemos como testimonio la fallida experiencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Ambas estructuras fueron desmanteladas y sus intervenciones para perseguir y llevar a la justicia a los culpables de actos reñidos con la ley, quedaron reducidas a nada.



La gran interrogante es si el planteamiento vigente para batallar contra la corrupción es nada más una mampara y si la nueva legislación penal ha sido pensada y puesta en aplicación para proteger a los corruptos y legitimar sus prácticas.



No vamos a salir de nuestra miseria institucional, ni de la inequidad social; tampoco tenemos posibilidades de emerger del retraso económico si las leyes continúan siendo desdobladas para favorecer a unos cuantos y si prevalece la inmunidad para los deshonestos que ahora gozan a la sombra de la “extraña justicia” impartida en Honduras.