No basta con que Honduras haya integrado un órgano de alto nivel para planificar la reconstrucción después de los embates de las tormentas Eta y Iota.

El país no tendrá acceso a los fondos de la comunidad internacional si no presenta una estrategia creíble sobre la ejecución de obras de rehabilitación del aparato económico y del sistema productivo sobre la base de la transparencia.

Y es que los fondos necesarios para ese proceso no están disponibles a manos llenas en los países cooperantes, debido al derrumbe de la economía mundial causada por la pandemia covid-19. Honduras requiere de al menos 10 mil millones de dólares para recuperarse del golpe de la emergencia epidemiológica y de los fenómenos naturales.

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La corrupción, entonces, es la piedra que podría dar al traste con el propósito de Honduras de ser beneficiado con asistencia financiera de la comunidad internacional.

Las Naciones Unidas han hecho hincapié en que el uso transparente de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas y una participación activa de los ciudadanos son las condiciones que harán viable la reconstrucción de Honduras.

El combate a la corrupción y todas sus prácticas es la carta de garantía que debe tener el país si pretende contar con el respaldo de las naciones cooperantes y de los organismos de financiamiento en la etapa de la reconstrucción.

Es bien sabido que Honduras ha estado en el ojo del huracán durante la gestión de la emergencia del covid, como resultado de las irregularidades y de los procedimientos opacos que han estado de por medio en las compras de equipo e insumos.

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Por culpa de la corrupción, el país pierde entre 50 mil millones y 60 mil millones de lempiras anuales, el diez por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Los miembros del Grupo Asesor del Consejo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Honduras han sido claros en cuanto a que el proceso tiene un primer requisito que cumplir: La transparencia y la rendición de cuentas.