De sobra conocemos que nuestros niños y jóvenes tienen que abandonar las aulas para buscar trabajo y obtener una fuente de ingresos; y otros, emigran hacia Estados Unidos por la violencia criminal o para aliviar su condición de pobreza.
Muchos más perciben que la educación no tiene valor; y aquellos que asisten a las aulas no encuentran un entorno favorable, porque la infraestructura de los centros escolares está dañada, no cuentan con agua y tampoco tienen conexión a energía eléctrica.
La excluyente cobertura, los altos niveles de deserción, el mediocre rendimiento de los alumnos y el insuficiente desempeño de los maestros son parte de la penosa radiografía de nuestro sistema educativo.
La enseñanza-aprendizaje de nuestro país cayó en sus indicadores más bajos. Está “inmensamente disminuida”, con todo y que quienes se han desempeñado en la cartera educativa en distintas administraciones se han negado a reconocerlo.
Pasaron siete años desde que fuimos impactados por la pandemia. Medio millón de alumnos se fueron en ese período crítico y quedaron como una generación perdida, porque no hubo manera de regresarlos a las aulas; aparte, los alumnos perdieron dos años de conocimiento.
Conocemos que la infraestructura de siete de cada diez centros está dañada o destruida y si nos referimos al estancamiento en la formación continua de los docentes, al abandono de los planes de estudio y al rezago de los esquemas de evaluación, tendríamos que arribar a la conclusión de que nuestra educación está reprobada.
¿Cuándo avanzaremos hacia una estrategia de capacitación docente de alto nivel, mejoramiento en el desempeño estudiantil, extensión de los servicios y calidad educativa?
Nuestro país sigue ocupando los últimos escalones a causa de sus indicadores de ignorancia, subdesarrollo, desigualdad y rezago en todos los órdenes.
Los funcionarios en el ejercicio del poder han planteado entre sus prioridades la intervención de tres mil centros escolares que se derrumbaron o están a punto de hacerlo, la dotación de equipo tecnológico, la distribución de diez millones de textos y la revisión de los programas curriculares, lo mismo que la distribución más equitativa y extendida de alimentos y la dotación de servicios esenciales en las escuelas.
Pero entre los discursos sobre la reforma educativa y la realidad que describe la pobreza en la que están sumergido nuestro sistema de enseñanza hay mucha distancia. Si algo es urgente es que hay que darle “un vuelco” a la educación en todos los niveles.
Si así lo comprenden las autoridades del país y si todavía hay tiempo, 2026 pueden ser el punto de partida del oscurantismo hasta la luz del conocimiento. ¿O es que predominarán por siempre los “mercenarios” de la educación?
