El gasto en sueldos y salarios del sector público, que hace ya un buen rato superó al servicio de la deuda, ha terminado convirtiéndose, además de una piedra en el zapato para los gabinetes económicos de turno, en una señal preocupante, por su insostenibilidad, para la economía nacional.
Y en el primer Presupuesto General, el del 2026, que a la nueva administración le toca aprobar, el pago de sueldos y salarios volverá a ser, junto al gasto corriente, una de las cargas más pesadas que las finanzas públicas tendrán que soportar.
En el último año de su gestión, el Gobierno de Xiomara Castro desembolsó la friolera de 112 mil millones de lempiras para el pago de sueldos a más de 200 mil burócratas, mientras en los últimos años la asfixiante partida para sostener la 'gorda' y onerosa masa salarial fue aumentando en un promedio anual de 70 mil millones de lempiras.
Una tendencia que supone una excesiva presión sobre las finanzas públicas y que fue provocando un fuerte desequilibrio en el uso de los recursos del Estado.
Ahora, a la administración Asfura le sigue tocando 'bailar con la más fea' , pero sólo de su responsabilidad fiscal y de su coherente y ordenado plan económico dependerá, de aquí en adelante, que el desbocado gasto corriente y el excesivo costo de la masa salarial, siga ralentizando el crecimiento económico y hasta empeorando la situación de miles de familias que dependen de la inversión social para mejorar sus condiciones.
Mientras las remuneraciones a los funcionarios y empleados públicos le drenan a las finanzas estatales casi los 9 mil millones de lempiras, apenas 50 centavos de cada lempira recaudado a través de los tributos se invierte en el primer capital que tiene el país, que es la persona humana. 6 de cada 10 lempiras del Presupuesto General de la nación lo engulle la burocracia estatal.
Con un gasto corriente, entonces, destinado a sostener una burocracia, que repito, engulle seis de cada diez lempiras del Presupuesto General, 3 millones 300 mil compatriotas con problemas de desempleo o sub empleo tienen que pagar las consecuencias, y los pobres, que son la mayoría, no pueden seguir subsistiendo con los apenas 50 centavos de cada lempira recaudado por la vía impositiva, mientras se sigue engordando un aparato gubernamental, generalmente, ineficiente e improductivo.
De ahí que lo que le toca a esta administración es dar un golpe de timón. No sólo será reducir el presupuesto en cifras y estructuras improductivas.
Su gran e histórica tarea será la de echar a andar un instrumento operativo reenfocado en prioridades y urgencias como la inversión social, dinamizar la producción de bienes y servicios, reducir la tremenda e inaceptable mora quirúrgica a través de la contratación de más médicos especialistas, en tiempos en donde más de la mitad de la población hondureña en edad de trabajar, no tiene un empleo.
Es la hora de apostar por un instrumento que active un plan de combate a la pobreza y de inversión social. Honduras y las circunstancias apremiantes que vivimos, demandan volver a tomar el control sobre el estado de las finanzas públicas, y esto solo será posible a través de un instrumento de presupuesto, coherente, reorientado a lo social, riguroso en la utilización racional de los recursos y con una visión de largo plazo y de planificación del desarrollo económico.
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