Un documento de identificación, moderno, seguro y confiable, será siempre la primera y más robusta garantía de seguridad ciudadana que un estado podrá gestionarle a su población.

El nuevo documento nacional de identificación, que a partir de enero del 2021 ya deberemos portar los ciudadanos mayores de 18 años, representa además el derecho humano a la identidad que todos los hondureños tenemos. !Un instrumento integral que  fortalece la democracia, la institucionalidad, el principio inclusivo y robusto, que insistimos, le garantiza el derecho humano al ciudadano hondureño de ser identificado!

Eso y más es lo que está en juego con el nuevo documento nacional de identificación, que el también nuevo Registro Nacional de las Personas y el estado hondureño están en el deber mandatorio de garantizar.

De eso tiene que tratar el compromiso y la palabra empeñada de los tres comisionados que rectoran el Registro Nacional de las Personas y que gestionan el nuevo, automatizado y expectantemente confiable y soberano sistema de identificación hondureño.

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Un nuevo sistema que tal como lo configuró uno de los comisionados el día del lanzamiento del proyecto Identifícate, deja de ser un poder político,  partidista y electorero, para convertirse en un derecho humano –como siempre tuvo que ser- que le dará soberana identidad y ciudadanía a cinco millones 500 mil hondureños aptos en razón de su mayoría de edad y registrados ya en el activo proceso inicial de enrolamiento.

No se trata solo de un documento físico, de un cartoncillo que nada más renovará nuestra imagen o la fotografía que por años –muchos años- junto al nombre, acreditaba o nos “otorgaba” la identidad de hondureños.

Además de sustituir la ahora obsoleta tarjeta de identidad que los hondureños utilizamos desde 1996, sinónimo de vergonzosas irregularidades como la venta de nacionalidad, suplantación de identidad y fraude electoral, el nuevo documento nacional de identificación pone también en juego el rescate de la credibilidad, transparencia, independencia política y legitimidad perdidas por la institucionalidad.    

Con el nuevo documento de identificación, veamos, hay muchas en juego, empezando por el rescate del derecho del ciudadano a una identidad, a una identidad soberana, a la misma seguridad ciudadana, a la recuperación del control de un proceso de identificación seguro y confiable, automatizado y despolitizado.   

El Registro Nacional de las Personas nos debe garantizar un documento con todas las medidas de seguridad, tanto físicas como digitales, tanto ópticas como electrónicas, para que los hondureños sintamos la confianza  de ser reconocidos e identificados como tales. El aseguramiento de la confidencialidad e integridad de los datos y la información, así como del sistema que la procesan, es lo que garantizará trasparencia y confianza, tanto a la institucionalidad, liderada por la actual y nueva gestión del Registro de las Personas, como al mismo proceso de identificación.

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Queremos como hondureños confiar en la palabra empeñada y capacidad de gestión de los comisionados del Registro Nacional de las Personas. Está también de por medio el nombre y la credibilidad de organismos externos como el PNUD, la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica.                                                                                             

La afluencia de ciudadanos a los centros de enrolamiento en varios municipios del país, a pesar de la observancia de las medidas de distanciamiento social y encierro  por la pandemia, pudiera interpretarse como el resurgir de la confianza de la población en los procesos de identificación, como una oportunidad de sentir esa pertenencia a un nuevo país y a una institucionalidad capaces de recuperarse de la crisis.                                                                         

Al fin y al cabo el éxito del nuevo proceso de identificación será el resultado de la participación de la ciudadanía, la sociedad civil organizada, partidos políticos y el estado como tal. Los hondureños tenemos que convencernos que este proyecto nacional es el compromiso de todos con el rescate de nuestro derecho ciudadano, con nuestra  pertenencia de país y con nuestra propia identidad -como hijos de esta patria- nacidos y criados como centro de todas las políticas públicas y ciudadanas del estado.