Con válida razón, las autoridades edilicias de El Paraíso han puesto el grito en el cielo y declarado emergencia ante el flujo de inmigrantes que ya no es posible sostener.

Es un drama de gran escala. Los “expulsados” de sus países deambulan por nuestras calles, parques y plazas, sin nada más que la ropa que llevan puesta; encima, su condición de salud es precaria, y para sobrevivir muchos de ellos se han dedicado a la mendicidad y a la prostitución.

Por todo esto, es una actitud miserable, degradante y una completa ruindad que ciertos funcionarios migratorios, operadores de transporte y, en general, inescrupulosos hondureños se hayan prestado para maltratar y estafar a los “peregrinos”, a través del abusivo cobro de tarifas o cargos por ciertos servicios o atenciones que ofrecen a los “desventurados” visitantes.

La presión que ejercen los inmigrantes es verdaderamente fuerte si hacemos notar que nuestro país, hundido en el declive económico y en la fragilidad social, no tiene capacidad para recibir a una masa de extranjeros con estatus migratorio irregular que buscan desesperadamente llegar a Estados Unidos.

Los migrantes que se encuentran en nuestro territorio sin cumplir con los requisitos legales deben ser asistidos en apego a los principios de justicia, compasión, sentido humanitario y reciprocidad.

Porque los 1,200 hondureños que diariamente salen del país hacia Estados Unidos reclaman, igualmente, ser asistidos con consideración, regularizar su estatus migratorio y encontrar una expedita respuesta a sus solicitudes de protección social o de asilo por razones humanitarias.

Son tantos los extranjeros que llegan a Honduras en situación migratoria inestable (4,000 cada día para ser precisos), que no podemos ser indiferentes.

No terminamos de entender el porqué de la indolencia de los funcionarios locales para tratar un problema tan complejo como el paso avasallador de los inmigrantes por nuestro territorio.

No ha sido sino hasta que el ingreso de foráneos se ha desbordado, que tímidamente la administración Castro ha anunciado algunas coordinaciones con los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes para encontrar una solución a la crisis humanitaria que vivimos.

Nuestras autoridades, las pasadas y las presentes, han pecado por una actitud de tal parsimonia frente al drama de una muchedumbre de inmigrantes que se desplaza desordenadamente con todas y cada una de sus consecuencias en las materias de economía, vulnerabilidad social y violación a los derechos humanos.

El flujo inmoderado de migrantes que huyen de la miseria que viven en sus países debe ser inmediata. Es una tragedia humana ante la cual no caben ni la demora, ni la apatía ni la insensibilidad.

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