Es una paradoja que mientras la burocracia se mantiene “obesa” y sube de peso cada año, las autoridades de turno se hayan negado a elaborar una política integral que impulse la inversión y la creación de empleos.
Las investigaciones académicas proyectan una tasa de desocupación de 5.8 al término de 2025, lo que se traducirá en un aumento en la población de desocupados desde 240,000 a 280,000 hondureños.
Se trata de una partida de compatriotas que no tienen fuente de ingresos y que se encuentran en la intemperie laboral y social, mientras una parvada de 270,000 servidores públicos devora entre siete mil millones y ocho mil millones de lempiras mensuales en sueldos y salarios.
Uno de los factores que más ha contribuido a drenar los recursos del Estado ha sido precisamente el tamaño exagerado del Gobierno que ha traído consigo el deterioro de la gestión pública y el menoscabo de la capacidad de respuesta a las demandas populares.
Está demostrado que los recursos del Presupuesto de la República son manejados a capricho de los políticos y a la sombra de los activistas de incrustarse en el aparato estatal.
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La distribución de fondos no está planificada de manera eficiente en nuestro país donde la pobreza afecta a siete de cada diez hondureños, el crecimiento económico es, en promedio, de apenas tres por ciento anual y el quehacer productivo está desacelerado.
Es un “insulto” para las mayorías marginadas que los fondos estatales sean despilfarrados en el sostenimiento de una burocracia paralítica que, además, ejerce una desmedida presión sobre las finanzas.
El Gobierno debería de seguir la ruta marcada para alcanzar el reordenamiento de las finanzas, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los sectores desplazados.
La utilización desordenada y abusiva de los recursos es un error que se ha enraizado. Ha sido una constante el derroche de los fondos públicos en tiempos de las “vacas flacas” en nuestra Honduras.
El resultado ha sido un pobre rendimiento del engranaje gubernamental, una creciente burocracia, una mayor pobreza y una grosera inequidad socioeconómica que se manifiesta en una burocracia “gorda” y en la ausencia de oportunidades laborales para cerca de 300,000 personas que están desocupadas.
Entendemos claramente que los hondureños nos vamos a quedar estancados en un “agujero negro” si no se produce una verdadera “reingeniería” que se refleje en el uso racional de los recursos, el funcionamiento eficiente del Gobierno y la eliminación del parasitismo laboral que ha medrado en la administración pública.
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