Para enfrentar la brutal embestida de la pandemia covid-19, se requiere de un plan de acciones consensuado y eficiente; además, de la participación "mano a mano" de todos los sectores.

Es una desgracia que en nuestro país no se haya entendido así desde que la plaga nos invadió en marzo del año pasado. Es la empresa privada la que ha tomado la iniciativa y los mayores riesgos, a contrapelo de la indiferencia y la desorientación con que ha actuado el gobierno.

En las distintas etapas de la emergencia sanitaria, han sido los grandes, medianos y pequeños empresarios quienes han asumido las consecuencias más duras y embrolladas de la pandemia.

El prolongado confinamiento que estuvo vigente en los primeros meses de la urgencia epidemiológica representó un duro revés para los inversionistas y emprendedores, ya que cuatro de cada diez empresas fallecieron a la sombra de la peste.

Y el cincuenta por ciento de los pocos negocios que volvieron a abrir, lo hicieron en la economía informal, mientras la pérdida de empleos se ha traducido en el menoscabo de las condiciones socio-económicas de la población.

Los empresarios también han tenido que honrar sus obligaciones con el fisco. Han hecho efectivos los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta, con todo y que no ha habido una generación de utilidades, antes bien una caída en los ingresos.

El Gobierno, en sentido contrario, ha sido evasivo y se ha negado a asumir un mayor sacrificio. Tal parece que ha prestado oídos sordos a las peticiones de la iniciativa privada orientadas a reactivar la economía derrumbada en cerca de un diez por ciento en 2020.

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Entre tales planteamientos se enumeran la aplicación de un plan de alivio crediticio, la revisión de la estructura tributaria y, en general, la evaluación de mecanismos que permitan encontrar un punto de armonía entre el resguardo de la salud de la población y la gestión solvente de una economía en crisis.

A más de un año desde la implantación de la pandemia, quienes han salido al frente de posibles respuestas para lograr un abordaje certero de la pandemia y evitar la muerte de la economía hondureña, son los que generan empleo, los que invierten y los que arriesgan su capital en el país.

En este cometido, los empresarios nacionales han dado un espaldarazo al esquema de atención a la emergencia. Hay que remitirse a las pruebas:  la iniciativa privada corrió con la colocación de la garantía financiera que hizo posible que el Seguro Social cumpliera con el contrato de compra de un millón 400,000 vacunas anticovid AstraZeneca.

Y en los días recientes, este sector alcanzó un acuerdo para el financiamiento y la importación de los biológicos contra el virus que serían suministrados a los colaboradores de la empresa privada, los familiares de éstos, y a otros grupos de la población, en la actual arremetida de la plaga que ya ha causado cerca de 5,000 decesos y un número próximo a los 200,000 casos positivos.

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Este tiempo de crisis nos plantea enormes dificultades y gigantescos retos que es menester que los enfrentemos todos, no solamente la empresa privada, sino también las autoridades del país que siguen manejando la crisis con más yerros, incapacidad y negligencia.

El orden del día debe ser la búsqueda de avenidas para la reactivación de nuestro aparato productivo y plataforma social, lo cual precisa de esfuerzos serios y de responsabilidades compartidas.

Si no es así, entraremos en una debacle peor que la pandemia por sí misma, que podría convertir a Honduras en un país inviable. ¡Sacrifiquémonos todos para evitar que esto ocurra!

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