El modelo comunitario ha sido propuesto por el gobierno de la presidente Xiomara Castro para cerrarle el paso a la delincuencia común y al crimen organizado en Honduras.
Tendríamos que evaluar, entonces, si esta iniciativa es "la respuesta" para neutralizar las estructuras de los malhechores que han intensificado sus embates, aunque las autoridades sostienen que ocurre lo contrario y que los homicidios han disminuido en 13 por ciento respecto al año anterior.
Las acciones contra la criminalidad, basada en la conexión entre la comunidad y la Policía genera un choque de criterios entre los que piensan que es la mejor estrategia y los que aseveran que antes de promover un matrimonio entre los agentes del orden y los pobladores deben ser recuperados los territorios que están en manos del hampa.
En esta misma línea crítica, el reclamo es que sean analizadas las raíces de la inseguridad ligadas con la pobreza; la penetración del crimen organizado, especialmente del narcotráfico; la contaminación de los operadores de justicia, la impunidad y la corrupción.
Ya en 2011 y 2013 se había planteado un esquema de seguridad comunitaria que dividía el territorio nacional en regiones en cada una de las cuales se pensaba nombrar a un oficial de Las Fuerzas Armadas y a un comisionado de la Policía, encargados de ejecutar las estrategias de combate a la delincuencia.
Una década después, nos preguntamos si la intervención de las comunidades permitirá darle un golpe de timón a la criminalidad o si tendremos resultados muy pobres en una sociedad donde hay zonas ingobernables y donde los malhechores se han confabulado con las fuerzas del orden.
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Porque en nuestro país todavía no está concluido el proceso de depuración de los policías y lo que está en curso es un plan de reinserción de los efectivos que fueron separados en razón de que la Comisión para la Transformación los calificó como "no idóneos".
Al amparo de la iniciativa que se ha presentado para la instalación de las "mesas de seguridad" y la puesta en operación de la policía comunitaria, cabe definir con mayor precisión cuál será el área de participación de la Policía Militar del Orden Público y de otras fuerzas élite que fueron engendradas en el gobierno anterior.
Es evidente que Honduras ha entrado en el camino de potenciar el papel de la policía, una ruta contraria a la que se tomó en la gestión pasada, cuya estrategia de combate a la violencia criminal se enfiló a concederle mayores atribuciones a Las Fuerzas Armadas.
Lo que importa es que en el país sea replanteada la lucha contra la inseguridad de manera integral, sin que existas de por medio propósitos políticos o conflictos en torno a ruta a seguir para desbaratar las estructuras delictivas.
La cooperación entre la comunidad y la Policía Nacional es sólo un componente de toda una política que tiene que ser llevada al campo operativo para fracturar las redes de la delincuencia común y del crimen organizado.
