Ha caído el telón sobre los primeros funcionarios a los que el activismo político y el arriado no disimulado de banderas partidistas les han pasado factura.
Más allá del juico político y los argumentos esgrimidos para someter a estos funcionarios 'caídos en desgracia', la injerencista infiltración partidista continúa lastrando la independencia de los operadores de justicia y la confianza hacia la institucionalidad constituida.
Pero hay algo todavía peor: la democracia hondureña actual, ya de por sí reducida a la mera elección de un gobierno cada 4 años, continúa bajo la amenaza de un nefasto proceder de la clase política que ha destruido las instituciones: la concentración del poder.
Lo acabamos de pasar en estos últimos cuatro años de gobierno de la familia Zelaya-Castro. Lo vivimos en la administración Hernández Alvarado. Y parece que todavía no hemos aprendido las lecciones que nos dejó la concentración de poder.
La premisa de que las democracias tambalean y se vuelven disfuncionales por la concentración del poder es tan real como multiplicadora: el poder se termina diluyendo por la vía de la ilegitimidad de las acciones de quienes sucumben a la peligrosa tentación de abrogárselo.
La clase política, si no es consciente del momento delicado y complejo por el que pasa la democracia y su legitimidad misma, debería poner las 'barbas en remojo'. Es su momento histórico para no sucumbir y blindarse ante las tentaciones que podrían aflorar sobre la concentración de poder.
Es hora de entender que una democracia solo madura y solo se vuelve funcional a partir de una gobernabilidad por consensos, antes que por negociaciones y por la concentración de todos los poderes y de los instrumentos para cambiar el aparato judicial y todos los estamentos del Estado: órganos electorales, Fiscalía y órganos contralores.
Estos, sin duda, son delicados tiempos para aprender a pisar en tierras firmes y ya no en arenas movedizas.
Ni los resultados electorales, ni mucho menos una especie de supremacía partidista, le han otorgado a nadie el control absoluto o casi absoluto del Estado.
Seguir haciendo lo mismo que hicieron o intentaron hacer los que se acaban de ir, o los que estuvieron antes, solo sería renunciar a la que quizás sea la última oportunidad de reivindicación y restauración que el pueblo hondureño les está permitiendo.
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