La pobreza como la educación precaria son, sin duda, indicadores de una incapacidad social, y parámetros de una sociedad incapaz de generar las respuestas apropiadas para satisfacer las demandas básicas y esenciales de su población.
La evidencia o el reflejo de una institucionalidad que no ha podido estructurar un modelo o sistema educativo formador de las competencias humanas y sociales que les abran las mismas oportunidades de inclusión a todos los ciudadanos por igual.
Honduras volvió a cerrar un año, el 2024, con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Centroamérica. Seguimos a la cola en la región en algunos de los indicadores más sensibles en educación, como por ejemplo, la pobre inversión estatal por estudiante matriculado en el sistema, en comparación a lo que invierten la mayoría de los países del área.
Otro año más en el que no se pudieron sentar las bases de los procesos que convierten la educación en un modelo pertinente e inclusivo Lejos de los objetivos globales, como país, de apostar a la educación y al aprendizaje como las vías para alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población hondureña en general.
En el 2024, más de un millón de niños y jóvenes siguieron fuera de las aulas, mientras unos 40 mil más continuaron sumidos en la oscuridad de la ignorancia. Una verdadera tragedia social y humana sobre la cual no hay ni habrá, deducción de responsabilidades.
La tragedia de un país en donde su institucionalidad no parece darse cuenta que la verdadera prioridad y principal reto es garantizar el derecho constitucional a la educación y aprendizaje, en tiempos en los que la adquisición, uso e intercambio del conocimiento es determinante para luchar contra la pobreza y la desigualdad social y económica.
Nunca nos dimos cuenta que acabar con la pobreza no será posible sin educación; que el desarrollo humano sostenible se alcanza a través del aprendizaje y el conocimiento. Que lo que agrava y hasta perpetúa la pobreza, es el bajo nivel educativo en el núcleo familiar.
Los indicadores educativos de Honduras no solo validan esa deplorable conclusión, sino que además profundizan la seria amenaza que se cierne sobre el presente y futuro de las generaciones impactadas y afectadas, mientras el país como tal, paga en su totalidad, las funestas consecuencias. Las pruebas cognitivas y las competencias básicas desarrolladas en la escuela, además, claro, de las aptitudes para la vida, es lo que nos ayuda a encausarnos en el camino del desarrollo personal y comunitario.
No es entonces circunstancial que Honduras ocupe los últimos lugares en los indicadores de subdesarrollo, desigualdad e ignorancia.
Por eso es que la pobreza le ha privado la educación a más de medio millón de niños y jóvenes, y que el 75 por ciento de la población infantil de Honduras viva en hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.
Un sistema y una institucionalidad que le robaron al estudiante su derecho a una educación inclusiva, pertinente y equitativa. Que estén fuera de las aulas de clases por pura precariedad económica en sus hogares, es el fiel reflejo de la errática lucha contra la pobreza y la desigualdad social y económica.
El Banco Mundial en un reciente informe, resaltaba cómo la educación contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social de un país.
Costa Rica lo logró porque consideró la educación como la inversión social con las más altas de retorno, tanto para la sociedad como las personas. Y aunque la educación no solventa por si misma la pobreza, sí representa una clave para reducir los peores indicadores de marginalidad.
Como sociedad tenemos que darnos cuenta la urgencia de garantizar la inclusión de los más pobres en el sistema educativo público.
A mayor nivel de educación, más altas serán las probabilidades y posibilidades de superar la pobreza.
