Mientras países vecinos ponen en marcha medidas para atraer más inversión, abrir masivamente plazas de trabajo y avanzar hacia el progreso, en Honduras caminamos a la inversa.

En lugar de sellar un pacto con la iniciativa privada tendiente a abrir puestos de trabajo y elaborar una visión de país, el discurso oficial es muy agresivo y refleja falta de voluntad para llegar a acuerdos con los inversionistas nacionales.

Las autoridades del país no se cansan de acusar a los empresarios de haber mantenido con los gobiernos anteriores una especie de “maridaje” que supuestamente les permitió gozar de exenciones fiscales, eludir el pago de impuestos y oponerse a la equidad tributaria.

Lo que debería de imponerse es la adopción de medidas que incentiven a los inversionistas a arriesgar su capital en grandes obras y en emprendimientos productivos que contribuyan a robustecer el Producto Interno Bruto (PIB).

Se trata la puesta en marcha de políticas que allanen el camino hacia el desarrollo económico, la estabilización de las finanzas y una mayor igualdad social.

En Honduras más bien estamos en dirección inversa. La inversión se ha estancado y la inseguridad jurídica se ha profundizado, las exportaciones no crecen lo suficiente y las importaciones siguen siendo más pesadas.

En Honduras, los costos de producción son tres veces más altos. Es el país del área centroamericana con la mayor carga tributaria que roza el 18 por ciento.

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En nuestro país son aplicados unos 43 impuestos. El Gobierno toma provecho de cinco tipos de cargos a las ganancias, y están vigentes 14 pagos laborales y tres decenas de cobros por tasas y derechos.

La tarea es cuesta arriba para los empresarios, ya que deben dar cuentas de cinco tipos de pagos a la renta, sin incluir la retención del 1.5 por ciento que se aplica sobre las “ventas brutas”.

Suma y sigue con los impuestos a la propiedad, importación, actividades específicas, tasas, derechos por diferentes servicios, trámites y las aportaciones por concepto de seguridad social, entre otros.

Estas condiciones hacen que Honduras sea un país muy árido para las inversiones, la generación de empleo y el establecimiento de equidad tributaria y justicia fiscal.

Pero Sí se impone una agenda política basada en la división, los desacuerdos, el descrédito y la intimidación, en lugar de una trazar la ruta de la concertación de medidas para impulsar el desarrollo.

Los altos costos de producción, la incertidumbre jurídica, la corrupción y la inestabilidad política son las dificultades contra las que chocan los inversionistas privados para generar riqueza y colocar a Honduras rumbo al progreso con planificación y visión.

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