Cuando revisamos las páginas escritas o escuchamos lo que se ha dicho sobre la compra amañada de los hospitales móviles, No podemos menos que condenar la temeraria opacidad, el aborrecible silencio y la despreciable falta de voluntad para esclarecer este capítulo.
Nos han mentido vilmente. No nos han expuesto toda la verdad alrededor de la contratación de siete unidades modulares por las cuales fue entregada la bicoca de 1,200 millones de lempiras, pero que -al final- hemos conocido que fueron sobrevaloradas en 800 millones de lempiras.
Apenas dos de los siete hospitales están en operación limitada y rudimentaria, los de Tegucigalpa y de San Pedro Sula; el de Juticalpa está en abandono, y el que fue instalado en Choluteca no será utilizado para la atención de pacientes covid.
No conocemos cómo marcha el montaje, equipamiento y conexión de las estructuras que estaba previsto que servirían para cubrir la emergencia sanitaria en Copán, El Paraíso y Atlántida.
Muy a pesar de toda la indignidad y perversidad que han dominado todo el proceso de contratación, transporte, entrega e instalación de los módulos, las instituciones que tienen la potestad de investigar auditar y deducir las responsabilidades penales en este vergonzoso expediente No han hecho nada.
La Junta Interventora de Inversiones Estratégicas se ha hecho de la "vista gorda" y le ha dado largas a su obligación de rendir cuentas claras y completas sobre el espinoso asunto de las unidades asistenciales modulares.
Estos altos funcionarios apenas nos han ofrecido explicaciones revestidas de "medias verdades" y "mentiras parciales" en lo concerniente a las negociaciones entre la pasada gestión de Invest y la empresa Elmed Medical Systems, representada por el siniestro personaje Axel López, el mismo que ahora exige el pago de 38 millones de lempiras por el transporte de las estructuras.
El Tribunal Superior de Cuentas tampoco ha actuado con firmeza en la auditoría de cómo tuvieron lugar los indecentes arreglos que propiciaron la estafa, catalogada como el más grande acto de corrupción cometido en la presente pandemia covid.
La Fiscalía también ha dejado a deber en el ejercicio de acciones irrebatibles y tajantes; al menos, en la interposición de diligencias contundentes que nos generen confianza de que los culpables del podrido episodio de los hospitales serán perseguidos y castigados sin contemplaciones.
Y en lo que toca a la Procuraduría General de la República, su intervención está limitada por las leyes que no le facultan para actuar de oficio, aunque esto no exime del todo a sus funcionarios a presionar para que las entidades obligadas remitan los informes que hagan viable una puntual acción de defensa de los intereses de Honduras.
Somos víctima de una paralización de la instituciones que no han procedido con oportunidad contra los corruptos, ya se trate de autores intelectuales, intermediarios o ejecutores, en sus distintos niveles, del hecho consumado de corrupción en cuanto a la compra de los hospitales móviles.
Lo más probable es que No recuperemos el dinero sustraído sin ningún pudor, ni escrúpulos; de paso, nuestro país corre el riesgo de ser condenado a pagar la millonaria suma que ahora demanda el inicuo empresario Axel López, y sus pérfidos socios por el flete de las estructuras hospitalarias.
No se nos ha dicho toda la verdad sobre cómo fueron gestionadas esas unidades temporales de atención de los enfermos covid. Ha prevalecido una negación a hacer justicia.
¡Toda una actitud de negligencia que roza la criminalidad, porque están de por medio las prioridades del sistema sanitario del país en plena urgencia y la vida misma de los hondureños! ¡Lo que no debemos permitir es que prevalezca la impunidad para los actores del triste episodio de los hospitales móviles.
