Un enorme agujero ha representado de manera inveterada el nepotismo, entendido como la designación de familiares o amigos en determinadas funciones o el otorgamiento de favores, al margen de los principios de mérito y de capacidad.
Es una práctica que desgraciadamente ha medrado en la administración de la cosa pública, desnaturalizado el servicio en el gobierno y torcido el cumplimiento de las leyes.
La imposición de parientes y allegados íntimos en los puestos públicos no hace más que alentar los abusos desde el poder y encubrir los actos de podredumbre.
El nepotismo no es legal ni legítimo; no es ético ni moral; tampoco es una práctica que debe seguir siendo normalizada; es una “bofetada” de los políticos que en las campañas suelen comprometerse a velar por la diligencia y ejercicio eficiente de la administración del Estado.
En el terreno de la realidad, lo que se imponen son el tráfico de influencias, la repartición de los cargos y de los salarios en cuotas mayores, y la usurpación del poder.
La “parentela y el amiguismo” han existido siempre y tienen preponderancia hoy día, junto con la corrupción, la impunidad y la gestión pública degradada a su expresión de un “botín”.
Reseñamos que el año pasado el Consejo Nacional Anticorrupción denunció en su informe “Concentración de Poder” que: “actualmente, el poder gubernamental ha sido adquirido por una sola familia, lo que ha permitido que su núcleo ocupe cargos importantes”.
En el “gobierno de la vida mejor”, la cuota mayúscula de poder otorgada a la desaparecida Hilda Hernández, la propia hermana del expresidente, Juan Orlando Hernández, es identificada como el mayor expediente de nepotismo en ese momento.
Su antecesor, el exgobernante Porfirio Lobo Sosa, no estuvo exento de las acusaciones sobre la repartición de cargos entre sus amigos y parientes, muchos de tales dados por presión de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla.
Y entre 2006 y 2009, la administración del exgobernante, Manuel Zelaya Rosales, fue señalada de haber alimentado un “familión”, en una caldera de escándalos, conflictos sociales y una atizada lucha de poder.
Recordamos que hace casi una década, el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, había recomendado la necesaria aprobación de una Ley contra el Nepotismo, una propuesta que ha vuelto a hacer eco en algunos círculos políticos.
Es un planteamiento válido, siempre que no sea una hipócrita declaración de guerra contra la corrupción ni una falsa promesa de adecentar la administración pública.
Porque la falta de diligencia, el desconocimiento de las leyes, la ignorancia respecto a los procedimientos administrativos y técnicos de la cosa pública, además del analfabetismo y ordinariez de la casi totalidad de los servidores públicos son los “pecados” a que dan origen el tráfico de influencias para favorecer la llegada de parentelas y de amigos al poder.
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