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Nada más aspiracional que eso, verdad. Una sociedad regida por un ordenamiento jurídico, económico y social, que asegure la libertad de empresa, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo, por encima de los intereses de sectores de poder político y de las camarillas que en contubernio, gestan los más deleznables negocios y los cruentos y criminales saqueos. 



Y lamentablemente ese modelo de sociedad y país no lo hemos tenido nosotros. Hemos sido más bien el país en donde la impunidad y la turbiedad echaron raíces. En el que un marco jurídico legalizó la secretividad y legitimó la sospecha. 



El Estado en el que decenas de secretarías e instituciones públicas y más de un centenar de alcaldías, ocultan sus portales de transparencia y no le rinden cuentas al soberano de sus gastos, licitaciones, compras y manejo de los dineros de la gente. 



Si bien se derogó el año pasado la nefasta Ley de Secretos Oficiales, todavía es “secreto de estado” el financiamiento a los partidos políticos y nadie tiene acceso a los datos personales de los aportantes privados a las campañas electorales.



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Permitimos la gestación de una institucionalidad que se revistió maliciosamente de un blindaje para ocultar y restringir el acceso a la información pública. 



El Tribunal Superior de Cuentas, a través de su mismísima ley orgánica, prohíbe a sus funcionarios y empleados, divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como las investigaciones de las actuaciones de los burócratas de alta investidura. 



Arropados todos con el blindaje de la impunidad y la autoprotección a toda costa, con el cuento de que la desclasificación de cualquier tipo de información o reserva de documentos pondría en peligro la seguridad del estado y expondría la integridad misma de los “probos” operadores de las agencias del orden público. La sospecha y el subterfugio aquí se salieron con la suya.



Nada que conspire contra la transparencia, la rendición de cuentas y la información pública, debe seguir echando raíces en Honduras!.



 La clase política y los gobernantes de turno deben entender que más temprano que tarde que la población se cansará, sino es que ya, de la “maña” y de la cuasi legitimación de la secretividad. 



Honduras no puede seguir siendo caldo de cultivo de la sospecha ni de la impunidad. No podemos seguir escondiéndole información al pueblo hondureño ni generando este ambiente de sospecha y desconfianza. 



Llegó el tiempo de que la rendición de cuentas no sea la excepción sino la regla y que de una vez por todas le demos el tiro de gracia a las restricciones que conspiran contra la transparencia, la seguridad jurídica, la competitividad y la honradez. La lucha contra la corrupción y la impunidad lo demandan!



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