Basta con revisar algunos indicadores que grafican las situaciones abominables que ocurren a nuestros menores y que les convierten en víctimas inocentes de la criminalidad, de la dejadez de las instituciones del Estado y la descomposición de la sociedad hondureña.

En lo que va de este año, 345 niños y adolescentes han muerto violentamente; un menor es violado cada seis horas; y alrededor de 105,000 pequeños han sido deportados del norte entre 2014 y 2022, tras su fallida aventura en busca de un futuro mejor.

Suma y sigue: el 75 por ciento de nuestros niños y jóvenes viven en hogares en extrema pobreza y una población de un millón 200,000 no están en las aulas de clase por la precariedad económica del país.

No es necesario hacer referencia a más cifras para puntualizar que los gobiernos sin distinción alguna y nuestra sociedad en general se volvieron insensibles a la cruda tragedia de nuestra población infantil.

Los niños hondureños no tienen garantizados sus derechos, y las instituciones del Estado no ejercen más que un peso burocrático, porque sus atribuciones de velar por las garantías de nuestros menores están escritas en “papel mojado”.

¡Es una tragedia que las nuevas generaciones de hondureños sean violados, maltratados, forzados a trabajar o víctima de los delitos de trata de personas y utilizados por redes criminales!

Ellos se encuentran en total indefensión, no solamente en su entorno familiar y social, sino porque el Estado guarda una imperdonable parálisis e indolencia frente a las desventuras que viven nuestros niños y adolescentes.

Hemos dejado en abandono a los niños, aunque nominalmente estén en vigencia cuatro mil leyes, normas y reglamentos, y pese a que se mantiene en pie toda una estructura de organismos, dependencias e instituciones, cuya área de competencia es el estudio y la acción puntual a favor de los menores.

La sociedad sufre un proceso de degradación de los valores morales, destrucción de la familia como núcleo de la sociedad, aparte de la ausencia de planes y programas de protección de la niñez y de la adolescencia.

No hay que esperar a que el juicio de la historia nos pase la factura.  Es un imperativo replantear las políticas de Estado para el bienestar integral de los menores. Ellos representan el mayor activo con vistas al desarrollo de Honduras.

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