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Cuando lo que está de por medio es la soberanía nacional y la inminente enajenación de la legislación hondureña, la sociedad y todas sus instancias civiles y organizadas, deberían estar en máxima alerta. 



Un proyecto como las zonas de empleo y desarrollo económico -tal como nos lo quieren montar en el país- no es cualquier cosa, no es un festinado asunto nada más mediático o ideologizado. 



Es que se está a punto de consumar, además, un doloso acto de traición a la patria y de enajenación de la soberanía nacional. Y eso está más que claro. Y lo decimos así porque ahora, más que nunca, es cuando menos debemos bajar la guardia, cuando más alerta tiene que estar el pueblo hondureño, cuando más sólida y uniforme debe estar la sociedad civil organizada.



 Y mientras no se haya consumado este acto de lesión a la soberanía nacional, como en efecto no ha terminado de suceder, todos los sectores que han cerrado filas en contra de la instalación de las ZEDES, tuvieron que haber pasado ya de los meros pronunciamientos y comunicados, a las acciones que por la vía legal y constitucional pueden parar aún el lesivo proyecto. No es ni por cerca el momento de bajar la guardia! 



El proyecto de las ZEDEs en Honduras es como ya nos lo dijeron los constitucionalistas un plan que por la vía legal es aún revertible. Por eso insistimos desde esta trinchera: no es el momento todavía de bajar la guardia. Cuando se están poniendo en riesgo los estratégicos recursos del país al tiempo que se está facultando a ciudadanos extranjeros arropados en su condición de inversionistas para que prácticamente se adueñen de terrenos en zonas en las que al tenor del marco autónomo e independiente de las ZEDEs, la legislación hondureña perdería su competencia y jurisdicción, no se puede bajar la guardia!.



 Para evitar que en los espacios territoriales de las Zedes el Estado de Honduras pierda su autoridad, hay que pasar entonces de sólo la emisión de comunicados a las acciones! ¿O no es un riesgo para Honduras que al estar amparadas en una autonomía administrativa y funcional, las zonas de empleo y desarrollo económico, estén subordinadas a un constitutivo tratado internacional y no al orden jerárquico que rige la legislación de un país, en este caso, el nuestro?



 Es que las ZEDEs, a través del tal comité de buenas prácticas, que también los profesionales del derecho han orientado, es también derogable, van a tener una autonomía funcional y administrativa. Se abrogarán las funciones y facultades que la legislación nacional de un Estado le otorga jurisdiccionalmente a las comprensiones municipales, y sus tribunales se regirían por sus propios principios constitutivos, autónomos e independientes, quitándole autoridad y competencia al sistema de justicia del país, pudiendo ocultar a individuos que aquí anden huyendo de la justicia nacional o que quieran lavar activos provenientes de sucios negocios y operaciones fraudulentas. 



Los riesgos de que este esquema de inversión extranjera socave la soberanía nacional son grandes. Consecuentemente no podemos -más ahora que nunca- bajar la guardia. El peligro de que este modelo, con todo y su propio estamento jurídico, profundice las políticas neoliberales al extremo de desmembrar los territorios de pueblos originarios, es real. Pasemos entonces de la arenga a los hechos. Actuemos cuando todavía podemos dar ese paso, de la arenga a los hechos!



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