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La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia presenta síntomas de un proceso que puede llegar a ser contaminado en alta dosis.



Estamos ante unas circunstancias semejantes a las que condicionaron la integración de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández.



La historia política reciente recoge que el máximo tribunal de justicia que está en funciones, fue nombrado sólo después de haber llegado a componendas que permitieron imponer a aquellos togados afines a los grupos de poder político.



El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que para entonces bregaba en la oposición, fue persistente en hacer caer las acusaciones más agrias sobre los arreglos que se dieron para llevar a su desenlace el nombramiento de los magistrados que entregarán su cargo en 2023.



Ahora que los papeles se han invertido con Libre al frente de la administración del Estado, los apetitos son los mismos: tener injerencia en la selección de los togados para el período 2023-2030, a efecto de mantener cooptada la impartición de la justicia.



¿Cuál es la diferencia, entonces, entre lo que se negoció ayer y lo que está en juego ahora? En el pasado reciente se manejaron los hilos políticos desde el Poder Ejecutivo; ahora, todo parece indicar que los acuerdos al más alto nivel serán dirigidos desde la Presidencia por el exgobernante y asesor, Manuel Zelaya Rosales.



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Y si llega a consumarse una nueva intromisión de un Poder del Estado en otro, el fruto contaminado sería el de una Corte Suprema de Justicia a la medida de los intereses de los politiqueros.



Y es que una debilidad mayor del proceso es que no hay espacios de entendimiento mínimo entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara Legislativa.



De hecho, está en predicado la legalidad y legitimidad de las autoridades del Poder Legislativo al que corresponde, por mandato de la Carta Magna, la atribución de elegir a los magistrados del máximo tribunal de justicia.



En tanto avancen la evaluación de los aspirantes y la confección de la lista de 45 postulados que deberá ser entregada en enero de 2023, así irán en aumento las presiones sobre la Junta Nominadora para la Postulación de Candidatos a Magistrados.



Aún albergamos la esperanza de que los nominadores hagan mérito de la autoridad de que están investidos y ofrezcan resistencia, hasta donde las condiciones lo permitan, a las dentelladas de los sectores empecinados en pervertir la designación de los abogados y notarios que habrán de ocupar la magistratura judicial por los próximos siete años.



A la población en general y a las agrupaciones de veeduría y contraloría social corresponde vigilar de cerca y blindar de toda injerencia el proceso de postulación y elección de los magistrados. ¡Ésta es la oportunidad y el momento de propiciar una elección confiable y legítima de la nueva Corte Suprema de Justicia!

Editorial HRN: ¡No a la intervención y contaminación del proceso de elección de los magistrados!

Editorial HRN: ¡No a la intervención y contaminación del proceso de elección de los magistrados!

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