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Cuando el ochenta por ciento de candidatos postulados no presentan una declaración jurada de bienes, y cuando 8 mil aspirantes a cargos de elección popular no tramitan siquiera su debido registro tributario, algo no camina bien por estos lares.



Cuando la rendición de cuentas deja de ser en una sociedad un ejercicio de transparencia por convicción y compromiso,&nbsp; la democracia también flaquea mientras la institucionalidad se deslegitima más de lo que ya está.



Cuando los atributos de virtud y las credenciales ciudadanas de integridad y transparencia dejan de ser moneda de curso corriente en la política y entre los políticos hondureños, entonces algo muy grave pasa en ésta sociedad nuestra.



Si no, ¿cómo vamos a entender esto de que en los comicios primarios celebrados en el mes de marzo sólo un 35 por ciento de los candidatos rindieron un informe de sus gastos de campaña y qué cantidades de dinero -que en política no es poca cosa- recibieron de sus patrocinadores o financistas?



¿Y la probidad y la rendición de cuentas que dicen ser la carta de presentación de los que se hacen llamar también abanderados de las necesidades y aspiraciones de la gente?. Porque, ¿podrán ser eso y más los que como han quedado evidenciados, tienen saldos pendientes con el fisco nacional, evaden sus obligaciones tributarias, le deben a “mundo y a raimundo”, o no le dan cuentas a nadie de los millonarios fondos que reciben y destinan a sus campañas?



&nbsp;Quienes aspiren a representar los sagrados intereses del pueblo en cualesquiera de los cargos de&nbsp; elección a los que sean elegidos, tienen que ser, y no es que se suponga, los enjutos abanderados de la credibilidad y confiabilidad que como sociedad fuimos perdiendo.



¿Cómo es entonces que en esas planillas nos encontremos con candidatos que arrastren moras tributarias superiores a los 35 millones de lempiras, o que apañados por sus propias cúpulas partidistas, se cuelen aspirantes cuyos hermanos y demás parientes también en primer grado de consanguinidad, hayan sido solicitados en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico o lavado de activos?



A un poco más de dos meses para las elecciones generales es sumamente preocupante que tampoco la institucionalidad nos dé las respuestas. ¿O cómo entendemos que de los más de 2 mil 600 precandidatos que no justificaron sus gastos de campaña en las elecciones primarias, decenas y decenas de ellos apuntan ahora a las generales, inscritos en las planillas de sus partidos que los postularon a los cargos de elección para los que aspiran.



¿Y la Unidad de Política Limpia? ¿Y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos? ¿Y el Tribunal Superior de Cuentas? Si el marco legal ya ordena que los sujetos obligados, electos y no electos, deben rendir cuentas de lo que el Estado les transfiere y de lo que han logrado agenciarse para una elección.



Y a la institucionalidad la emplaza a que bajo su marco constitutivo nada más aplique la ley. Entonces, ¿por qué no lo hacen o porque cuando actúan lo hacen con más cautela timorata que firmeza? Es también su propia legitimidad y confiabilidad la que está en juego.



&nbsp;Lo que se ve no necesita anteojos y lo que hemos visto ha sido una institucionalidad flexible que no ha hecho valer los innegociables postulados de política limpia y rendición de cuentas.



¡A agarrar entonces el toro por los cuernos, mientras hay todavía tiempo para que de aquí a los comicios de noviembre, la permisiva institucionalidad creada para transparentar el sistema electoral,&nbsp; a punta de acciones y presiones, arrime al paredón de las sanciones a los candidatos y aspirantes mañosos y cuestionados!



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Editorial HRN: Permisiva institucionalidad y política limpia

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