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Los políticos tienen una pobre vocación a la rendición de cuentas. Apenas el 36 por ciento de los precandidatos a cargos de elección popular que participaron en los comicios primarios de marzo presentaron su balance de ingresos y gastos ante la Unidad de Política Limpia.



Un informe del órgano competente concluye que de un total de 4,065 postulados por los nacionalistas, liberales y Libres, 463 de quienes salieron electos No cumplieron con su obligación de hacer público su estado financiero.



En este grupo de quienes hicieron caso omiso a su deber ante la Unidad de Política Limpia, sobresalen 195 nacionalistas, 166 libres y 102 liberales.



Tampoco hicieron transparente el manejo de sus ingresos y gastos durante su campaña otro número de 2,170 nominados para los niveles legislativo y municipal que, al final, No obtuvieron los suficientes votos para integrar las planillas de candidatos con vistas a la consulta de noviembre.



En esta clasificación se cuentan 1,286 por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), 617 de las filas liberales y 275 pertenecientes a la institución política en el poder.



La revisión de todos los documentos relacionados con los recursos que se derramaron durante la jornada proselitista que culminó en marzo, arroja que 2,633 aspirantes (el 64 por ciento) No presentaron sus balances y únicamente 1,432 (el 36 por ciento) honraron su obligación.



Los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos sostienen que los aspirantes y los movimientos internos han mostrado un bajo nivel de cumplimiento en lo que respecta a la rendición de sus cuentas.



A nivel nacional los postulados a cargos en los niveles legislativo y municipal en los comicios internos y primarios No superaron el 50 por ciento de los mandatos que establece la ley.



Los partidos que se presentaron en la consulta primaria reportaron gastos en sus actividades proselitistas por el orden de 192.3 millones de lempiras, de los cuales 20.9 millones fueron para la escala presidencial, 93 millones para los precandidatos a diputados y 78.2 millones para los aspirantes a alcaldes.



La Unidad de Financiamiento y Transparencia ha demandado a los partidos políticos promover la cultura de rendición de cuentas para blindar los procesos de la infiltración de fondos que provengan de actividades ilegales.



Críticos del quehacer político son de la opinión que el cuerpo normativo vigente No está dotado de las suficientes herramientas para garantizar el financiamiento honesto de las campañas y, asimismo, se ha puesto en duda la eficiencia de los funcionarios que están encomendados para hacer realidad la "transparencia política".



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