En caída libre ha venido la inversión y el ahorro del sector privado desde 2022, y se prevé que ese comportamiento no va a cambiar al menos en los próximos cinco años.
A 2028 se proyecta que la inversión doméstica bruta se habrá reducido en 3.4 por ciento del Producto Interno y el ahorro nacional retrocedería en cuatro puntos en cinco años.
Si no se crea un clima fértil para la inversión y si no es reactivado nuestro aparato productivo, nuestra economía seguirá en proceso de declive y sin herramientas para enfrentar las crisis domésticas y externas.
Nuestros indicadores retratan a un país donde la pobreza ronda el 70 por ciento, la economía informal arrastra a ocho de cada diez personas, y el deslizamiento de la moneda ya lleva alrededor de un lempira con 40 centavos en el período entre 2022 y 2025, con una significativa incidencia en la inflación y en otros indicadores.
Si bien las reservas internacionales marcan 8,237 millones de dólares que cubren 5.1 meses de importaciones, este monto ha experimentado un marcado descenso, especialmente en 2024, y sólo ha mostrado una recuperación a costa de la depreciación de la moneda y la contratación de más deuda.
La economía nuestra sigue condicionada por el ingreso de las remesas que a febrero acumulan 1,628 millones de dólares, unos 300 millones de dólares más que en el mismo período de 2024.
El gran reto de la economía hondureña, es lograr consistencia en las medidas, especialmente aquellas que están orientadas a revitalizar los sectores productivos para que la relativa estabilidad de los indicadores macroeconómicos se derrame sobre las mayorías desposeídas.

La reducción de la pobreza, la generación de empleo, la recuperación de la inversión nacional y extranjera y, en general, el progreso de nuestro país depende de que nuestra clase política abandone su voracidad de poder y que allane el camino del entendimiento y de un compromiso con el desarrollo de este país.
La desgracia de los hondureños tiene mucho que ver con la improvisación económica, la contaminación de los postulados de la justicia social y la gestión gubernamental de los politiqueros.
Son los políticos nuestros, los anteriores y los actuales, los que han conspirado contra la reducción de la miseria, la llegada de la inversión, la creación de fuentes de ingresos y el alza de la productividad y de la competitividad económica.
Debe ser una primera necesidad salir del estancamiento económico y de la precariedad social. Hay que revertir nuestro estado de cosas mediante un pacto entre los gobernantes y los principales actores de nuestra realidad; en especial, todos aquellos sectores que contribuyen a generar riqueza.

