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En Honduras, dos millones 900,000 personas se encuentran en estado de vulnerabilidad por el limitado acceso a los alimentos, pero este grupo de necesitados se incrementará, sin duda, por las condiciones más precarias que se han proyectado para este año.



Los alcaldes de los municipios que están localizados en el corredor seco, han levantado sus voces de alarma y presentado sus desesperadas peticiones al Gobierno para que preste asistencia a estas comunidades, las más castigadas por la sequía, el hambre y la pobreza extrema.



Las zonas rurales son las que resultan más afligidas por la insuficiente producción de bienes de consumo, que básicamente se deriva de la falta de apoyo técnico y crediticio y de los extensos períodos de sequía.



Esto explica, en parte, por qué la inseguridad alimentaria ha sido y es un problema de carácter estructural en Honduras. La agricultura es dependiente de los regímenes de lluvia y está basada en la subsistencia, sobre todo en las poblaciones pobres.



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Los datos lo demuestran: En 2021, la importación de granos básicos fue de 20 millones de quintales y en 2022 se introdujeron 24 millones de quintales para satisfacer la demanda interna.



En Honduras, el país más pobre y con el aparato productivo mayormente vulnerable de la región, las actividades agrícolas se han estancado o van en deterioro.



¡El campo está olvidado! Y esto es inaceptable si se toma en cuenta que el sector agrícola representa el 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el 35 por ciento del total de las exportaciones.



Es reprochable que se hayan dejado sin efecto programas como el de la extensión agrícola y el de desarrollo integral, porque el resultado ha sido el debilitamiento de las actividades de siembra y cosecha.



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¡Hay que volver al campo! Es impostergable que fortalezcamos la inversión en el capital humano, a efecto de que la población cuente con las herramientas necesarias para la generación de alimentos de manera sostenible.



Porque la sombrilla de las "redes de protección social" tiene una cobertura muy dispar, de manera que los segmentos más frágiles de la población son –coincidentemente- los que están en mayor riesgo de caer de la pobreza a la miseria.



Todo se resume en que las acciones de producción agrícola tienen que estar incluidas dentro de las políticas públicas, porque la inseguridad alimentaria es una condición que urge de soluciones integrales con voluntad política.



Incrementar la generación de riqueza, reactivar la economía y expandir los beneficios sociales, preferentemente a las comunidades rurales (las más postergadas), son un enorme reto que las autoridades de turno deben asumir para la recuperación del país en medio de la crisis.



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Editorial HRN: pobreza rural e inseguridad alimentaria