La detención del alcalde de Talanga Francisco Morazán reafirma que los vínculos del crimen organizado con la política no solo son evidentes sino que siguen siendo fuertes. El caso del edil talangueño, que obviamente no sólo es una trama aislada ni mucho menos coyuntural, no ha hecho más que evidenciar que el tinglado narcotráfico, corrupción y política está profundamente enquistado -muy a nuestro pesar-en el sistema electoral y democrático hondureño.
La corrupción sigue minando la estabilidad de los sistemas políticos de la región y Honduras no es la excepción. Sus efectos y consecuencias alcanzan otras esferas y el bajo nivel de desarrollo y progreso del país termina pagando los platos rotos. El episodio en el que un alcalde municipal, con varios períodos dirigiendo un gobierno local, empeora además la confianza del ciudadano en la clase política y lo distancia de las instituciones públicas partidistas.
Sin duda que la caída del alcalde de Talanga Francisco Morazán, los graves delitos que se le imputan, y las consecuencias que para la institucionalidad partidaria derivan, plantean la urgente reconfiguración del sistema electoral mismo, cooptado por el accionar de las organizaciones irregulares y criminales que lo han infiltrado.
Por eso es que la detención del alcalde Avilez y los señalamientos del Ministerio Público que lo vinculan con el crimen organizado y el lavado de activos de sospechosa procedencia, no deben verse ni ventilarse como un capítulo más en el historial delictivo de Honduras.
La corrupción pública e institucional y la cooptación del sistema a través de las redes criminales que han infiltrado las instituciones, bajo una estrategia de ganar legitimidad social a largo plazo, ha alcanzado ya ribetes estructurales, premeditados, organizados.
La estabilidad del sistema político entonces está en grave riesgo. De ahí la insistencia a la institucionalidad creada en los últimos años para que operen en el marco legal de sus atribuciones, la regulación de los fondos y la vigilancia estricta de las campañas, a efecto de conocer el origen y destino de los dineros que les aportan a los candidatos a cargos de elección y los mismos medios que les sirven para obtener el poder.
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La detención del alcalde Avilez, como de otros políticos y candidatos, debe ser un aldabonazo a la institucionalidad que como la Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública o el mismo Tribunal Superior de Cuentas, fueron creadas para detectar y evitar la inyección de dinero ilícito en las campañas, identificar los aportantes y descubrir las redes que lavan dinero a través de los partidos y candidatos.
No olvidemos que el financiamiento ilícito de las campañas electorales es el caldo de cultivo de la corrupción en el engranaje político y electoral de Honduras!. Para los partidos políticos el episodio de este alcalde los obliga también a revisar sus protocolos de auditoría interna y rigurosos controles de fondos, además de la obligatoria revisión de perfiles y planillas.
El involucramiento de candidatos en actividades reñidas con la ley claro que involucran y laceran también la credibilidad e imagen de los partidos políticos. No son episodios aislados ni individuales por más que las estructuras partidarias insistan en quererse desmarcar!.
Se trata de afianzar por encima de la falta cometida por uno de sus miembros, de la minuta ética y moral y de las reglas y procedimientos que garanticen al interior de las organizaciones políticas, un consecuente respeto al elector y ciudadano.
La rendición de cuentas -por cierto- es todavía una tarea pendiente de la clase política y de la institucionalidad partidaria del país. Al final de cuentas, el propósito, creemos que común, es mejorar nuestra democracia y evitar que la falta de transparencia, la corrupción, o las organizaciones irregulares o criminales, terminen de minar los últimos recaudos de integridad y confianza que aún tenemos.
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