Si hay algo que aquí siempre hemos tenido claro es que mientras la corrupción, la inseguridad jurídica y la falta de transparencia sigan siendo moneda de curso corriente, difícilmente vamos a ser nosotros, la generación que alcanzará ver un despegue económico y social, con un boyante sector emprendedor y una libre empresa cuyo fin no sea más que el de generar empleo masivo y riqueza distribuida.
¡Eso lo tenemos –muy a nuestro pesar- pero que bien claro!
Nada más lejos de un país regido por un ordenamiento jurídico, económico y social, que asegurara la libertad de empresa, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo, por encima de los intereses de sectores de poder político y de las camarillas que, en contubernio, gestan los más deleznables negocios y los cruentos y criminales saqueos.
¡Y ese país no es ni ha sido Honduras! Hemos sido más bien el país en donde la impunidad y la turbiedad echaron raíces. En el que un marco jurídico legalizó la secretividad y legitimó la sospecha.
El país cuyo marco legal no le puede informar ni revelar a su pueblo qué empresas le venden al estado a través del tal tasón de seguridad, dos mil vehículos, porque contarle a su gente que subvenciona ese multimillonario impuesto, pone en peligro el orden público e institucional de la nación.
El país que a través de una Ley de Secretos Oficiales blinda a su cuestionada institucionalidad del escrutinio de su propia ciudadanía, mientras conspira contra los inalienables principios de la libre expresión, de la seguridad jurídica, de la competitividad y de la libre empresa.
¿O es que acaso no debieron ser incluidas todas las empresas que en Honduras venden vehículos o se dedican a la renta de automotores?
Por eso es que, desde su vigencia en 2014, no fueron pocos los sectores que alertaron que la denominada Ley de Secretos Oficiales no era más que un blindaje del que se revestiría la cuestionada institucionalidad para ocultar y restringir el acceso a la información pública.
Con el cuento de que la desclasificación de cualquier tipo de información o documentos pondría en peligro la seguridad del estado y expondría la integridad misma de los probos operadores de las agencias del orden público, la sospecha y el subterfugio volvieron a salirse con la suya.
Resulta entonces, que aquí es altamente riesgoso para el estado que los hondureños no puedan saber a qué empresas comerciales el gobierno le compra dos mil vehículos “full mickis” por más de 700 millones de lempiras contantes y sonantes, y que tampoco se pueda saber a qué “empetecados” funcionarios públicos les fueron asignadas las camionetas de lujo blindadas, reservadas a ellos para guardar de todo mal, su integridad física y moral.
¡Nada que conspire contra la transparencia, la libre empresa y la competitividad, debería seguir echando raíces en Honduras!
La clase política, la clase gobernante y los legisladores, deben despertar a una nueva realidad que más temprano que tarde no tolerará más la maña ni va a seguir legitimando la secretividad. Honduras no puede seguir siendo caldo de cultivo de la sospecha ni de la corrupción.
No podemos seguir escondiéndole información al soberano ni generándole ambiente a la competencia desleal, y atentando contra todo lo que aquí impide nuestro desarrollo económico.
Llegó el tiempo de que la rendición de cuentas no sea la excepción sino la regla y que de una vez por todas le demos el tiro de gracia a las restricciones que conspiran contra la transparencia, la seguridad jurídica, la competitividad y la honradez.
¡La lucha contra la corrupción y la impunidad lo demandan!
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