A pocos días para que entre en funciones una nueva administración del Estado de Honduras, lo que esperábamos es que las actuales autoridades emprendieran su retiro, al menos sin que se presentaran más abusos en el ejercicio de poder.
No ha sido así. Los servidores públicos que han ocupado puestos de confianza dejan sentado un nefasto precedente al gestionar -sin ninguna perturbación ni vergüenza- sus prestaciones e indemnizaciones laborales.
Estos burócratas no se han puesto la mano en la consciencia. A sabiendas de que se han desempeñado en puestos de confianza por el tiempo que dura la gestión gubernamental, se han dado a la tarea de tramitar beneficios laborales que no les corresponde.
Se están repartiendo las migajas del pastel presupuestario sin remordimiento alguno. La voracidad de estos funcionarios que ya están en el tramo final de su desafortunada gestión, nos costará a los hondureños no menos de 500 millones de lempiras.
Es una cantidad abultada que hace mella en las finanzas hondureñas, en bancarrota por la insostenible deuda de 17,000 millones de dólares, el rollizo aparato burocrático que consume entre seis y siete de cada diez lempiras de la recaudación tributaria, la quiebra de las empresas públicas y la corrupción que, como lo hemos referido en muchas oportunidades, se lleva 65,000 millones anuales.
Un análisis jurídico de la empresa privada concluye que es improcedente el decreto legislativo que contiene el Presupuesto de la República y que indica: “a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley del Servicio Civil. Este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido”.
Lea: Unos L 500 millones costarán prestaciones e indemnizaciones a funcionarios de confianza
Derivado de dicha normativa, se ha presentado una serie de peticiones de auxilio de cesantía para los secretarios de Estado, viceministros, directores de entes desconcentrados y otros cargos, en contravención con lo que es legal.
Se trata de privilegios que han sido concertados entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional con fines inconfesables y que no sólo son ilegales, sino absolutamente ilegítimos e inmorales.
No parece interesarles a los burócratas involucrados en este penoso episodio, la situación en que es entregado el país. La percepción es que todas las iniciativas tomadas al cierre de la actual gestión están concebidas para dejarle más embrollos al Gobierno 2022-2026, de tal manera que no haya lugar a maniobras de alivio a la crisis.
El otorgamiento de prebendas a los funcionarios de confianza del actual régimen es una de esas maniobras groseras, porque ensancha la desigualdad social; amoral, en tanto pisotea los principios de la decencia; y mal habida, por sus dañinas intenciones.
¿Podemos esperar una justa rectificación de los funcionarios aprovechados que no quieren abandonar sus despachos ni oficinas sin antes repartirse una buena tajada de los recursos del Estado? Es evidente que no; tampoco hay voluntad de aplicar acciones ejemplarizantes por parte de los órganos que tienen la competencia de intervenir cuando suceden terribles abusos contra la legalidad y la moralidad en la gestión pública.
La exigencia es una: Que se deduzcan las responsabilidades contra los funcionarios gubernamentales oportunistas que han fungido en puestos de alto e intermedio nivel, y que se despiden con el deshonroso reclamo de beneficios que no merecen ni les asiste. ¡No podemos dejar pasar tanta ilegalidad e inmoralidad de parte de los personajes que en mala hora llegaron a la administración pública para tomar como botín la hacienda hondureña, no para servir al país!
