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El manejo confidencial de los fondos públicos, así como la gestión de compras y contrataciones directas, son sinónimo de “jugadas grises” y “acciones mal intencionadas”; en definitiva, son caldo de cultivo de la corrupción.



Se trata de prácticas en las que han estado involucradas las autoridades del pasado y en las que están arropados los políticos en el poder, muy a pesar de que quienes nos gobiernan condenaban con “impetuosidad” tales negocios sucios, desde la oposición.



No ha sido después de que distintos sectores presionaran para que fuese declinada una disposición presupuestaria que autorizaba las compras y contrataciones directas, que funcionarios de la Administración Central y diputados del partido en el poder “corrieron” a declarar que los artículos en cuestión serían eliminados.



Desmintieron que hubiese una pretensión de tomar a manos llenas los fondos públicos, despilfarrarlos o negociar su distribución para obtener dividendos deshonestos. De todas maneras, ha quedado en evidencia que aquello que antes era “criminalizado”, ahora es “bueno” y puesto en vigencia.



A propósito de la falta de transparencia en la administración de los dineros públicos, una interrogante hay que formular: ¿Por qué se ha incluido en el plan de gastos e ingresos una partida de más de 17,000 millones para Servicios Financieros de la Administración Central?



¿Para aumentar el gasto corriente de manera discrecional, en lugar de incrementar el porcentaje destinado a la inversión pública y aumentar la producción de bienes?



Mientras la masa salarial absorbe el ocho o nueve por ciento del PIB y la deuda pública arrastra más de 60,000 millones anuales, las partidas de salud y educación tendrán una modesta alza en contraposición a los sectores de seguridad y defensa que recibirán asignaciones incrementadas sustancialmente. ¡Vaya qué disparidad!



La falta de transparencia, la inequidad y la confidencialidad, más la falta de alineación con los planes de desarrollo del país, son signos que siguen caracterizando la formulación y distribución del Presupuesto de la República y que hay que intervenirlos para erradicar esos vicios.



Mira:<a href="https://www.radiohrn.hn/cicih-garras-condiciones-memorandum-2022-12-15">CICIH evaluará a la CSJ y MP, pero se desconoce quién la financiará</a>



El proyecto de ingresos y gastos de la República, nunca ha sido objeto de un amplio debate, pese a que se trata de un instrumento importante para la planificación del desarrollo del país.



Al fin y al cabo, tenemos más de lo mismo: un abultado Presupuesto que para 2023 está cuantificado en 392,000 millones de lempiras que será financiado, en un porcentaje significativo, con más préstamos, en tanto prevalecen una injusta presión tributaria, un riesgoso déficit fiscal, un incontrolado endeudamiento y un acentuado desbalance en los indicadores sociales.



El gran desafío es resguardar la salud de las finanzas, la equidad social y el crecimiento económico. El Presupuesto debe ser una herramienta de desarrollo, nunca un instrumento para dar paso a la discrecionalidad en la utilización de los recursos públicos, que ha sido germen de la corrupción en Honduras. 



<a href="Cancillería publica contenido del Memorándum de Entendimiento">CICIH: Cancillería publica contenido del Memorándum de Entendimiento</a>

Editorial HRN: Presupuesto, confidencialidad y falta de un plan de desarrollo

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