Accidentado ha sido el camino que ha llevado a la discusión y aprobación, en sus primeros artículos, de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El debate será reanudado este día, de acuerdo con la agenda fijada al término de la sesión realizada el sábado, en la que los diputados del Partido Nacional acusaron a la alianza Libre-Salvador Honduras y algunos miembros del liberalismo de pretender la aprobación de una ley que allane la integración de una Corte Suprema de Justicia “a su medida”.
Los puntos en los que han centrado sus alegatos los diputados son varios. Los nacionalistas han reclamado que la Ley de la Junta Nominadora hubiese sido consensuada primeramente con las organizaciones integrantes de dicha instancia, en tanto los legisladores de la alianza reafirmaron el compromiso de conformar un Poder Judicial que no responda a intereses de grupo.
Otro de los temas en los que han estado trabadas las opiniones de los legisladores, es la prohibición que impone la ley para que los postulados sean abogados y notarios, una disposición que algunos consideran como “excluyente”.
Un grado mayor de desacuerdo ha generado la disposición que inhabilita a aquellos candidatos a magistrados que sean miembros activos de un partido político o que hayan sido tales, dos años anteriores a su autopostulación.
Seguramente, las discusiones más acaloradas van a gravitar sobre aquellos impedimentos establecidos por la ley respecto a las candidaturas engendradas y negociadas desde los partidos políticos.
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No podemos desconocer que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una potestad que corresponde a los 128 diputados del Congreso Nacional, y que es un proceso que requiere de consensos políticos.
Por lo mismo, los hondureños no debemos ni podemos abstraernos de lo que ocurra en la Cámara Legislativa, cuando se reanude el debate alrededor de la Ley de la Junta Nominadora, en aras de que no sea trastocada, ni objeto de arreglos indecentes y -en general- que todo el proceso de integración del Poder Judicial sea confiable y legítimo.
En el camino hacia la elección de los magistrados, será decisiva nuestra participación como auditores sociales, y determinante será también el acompañamiento de los organismos internacionales que observan de cerca el proceso de nombramiento de la Corte Suprema de Honduras.
La conformación del máximo tribunal de justicia pone a prueba la voluntad de nuestra clase política de avanzar hacia una democracia incluyente y participativa.
Está planteada la urgente necesidad de rescatar la independencia de los Poderes del Estado, que es la base de los contrapesos de nuestra democracia.
E, igualmente, está en la perspectiva de nuestro plan de transformación nacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho con desarrollo económico, igualdad social e impartición pronta e imparcial de la justicia.
