Llegó la era de Xiomara Castro, la primera mujer en asumir la Presidencia de Honduras. Se ha iniciado una nueva etapa en la democracia del país, marcada por diversas amenazas y retos mayúsculos.

La gobernante ha recibido el país en una precaria situación económica, altos índices de pobreza y corrupción, la infiltración del crimen organizado y una población que tiene muchas expectativas alrededor de la gestión que recién ha comenzado.

La ex primera dama ha prestado juramento para administrar el Estado de Honduras, con el respaldo masivo de un millón setecientos mil votos depositados el 28 de noviembre del año pasado. En ella depositaron los hondureños su confianza para que tome las decisiones que permitan sacar a flote a esta patria que se hunde.

En su discurso inaugural, Castro ha puesto acento en un hecho clave: Honduras está en “quiebra” y esto nos debe mover a la unidad de esfuerzos por el rescate de nuestra nación y a realizar una auditoría permanente sobre las actuaciones del Gobierno que ha entrado sus funciones. Porque no podemos permitir que el país siga sumergido en una “catástrofe económica”, en una “desigualdad social” y en una “inestabilidad política”.

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Las autoridades que han abandonado la gestión pública después de una década, han heredado 70 por ciento de pobreza, servicios de educación y salud en ruinas, una masa salarial de más de 200 mil burócratas, nueve de cada diez hondureños con problemas de empleo y una deuda pública que roza los 20,000 millones de dólares.

Honduras experimenta un acelerado deslizamiento de su moneda, el lempira, una inflación que a finales del año anterior sobrepasó el cinco por ciento y un profundo agujero financiero creado particularmente por el déficit de la ENEE.

Nuestro país está, igualmente, carcomido por la corrupción, amenazado por el crimen organizado y afectado por la fragilidad del Estado de Derecho.

La agenda de la mandataria que ascendió al poder ayer, debe estar enfocada, justamente, en la batalla incansable contra la deshonestidad, el mejoramiento del clima para el desarrollo económico y la elevación de las condiciones sociales de la población.

La presidente electa para el período 2022-2026 está ante la urgencia de devolverle al pueblo la confianza en la democracia, depurar la clase política y retomar el postulado constitucional de la independencia de los Poderes del Estado.

La primera mujer en jurar como gobernante de Honduras ya está en funciones y nos ha esbozado que nuestro país está en “bancarrota”. Pero debemos apuntar que llegó la hora de actuar para enmendar los yerros del pasado reciente y no de exponer puras justificaciones para no hacer lo correcto. Es el momento de enderezar el camino torcido por el que nuestra patria ha sido conducida.

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Intervenir para plantear soluciones a nuestras dificultades es un apremio. Esto significa: Privilegiar las políticas públicas en beneficio de las mayorías, reorientar el Presupuesto, revisar el endeudamiento, derogar las leyes que han alimentado la corrupción y la impunidad y encontrar las rutas para robustecer la nuestra institucionalidad.

Por encima de todo, los hondureños tenemos que vigilar por que la presidente, su Gabinete de Gobierno y sus asesores, respondan a los grandes anhelos del pueblo hondureño.

Es ahora cuando debe darse un giro a la actual crisis en todos los órdenes de la vida nacional. Y ese cometido no podrá ser concretado si no hay gobernabilidad, integración e inclusión como manda la democracia participativa.

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