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Qué más de un millón y medio de hondureños no tengan acceso a los servicios públicos de salud, violenta uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Qué en el Hospital Escuela, por ejemplo, se pospongan por semanas y meses, miles de cirugías, porque no hay suficientes especialistas y quirófanos disponibles.



Qué en los hospitales del Seguro Social los derechohabientes jubilados no encuentren medicamentos para la artritis, después de hacer tres horas o más de filas, violenta los derechos de los ciudadanos a un sistema de protección de la salud.



Cuando el Estado de Honduras apenas invierte 100 dólares por persona en la atención sanitaria primaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina, que es de casi 400 dólares, se vulnera también el derecho a acceder a un sistema de protección sanitaria, digna y eficiente.



Cuando escasean los medicamentos en las farmacias de los hospitales porque las compras no se hacen en tiempo y los procesos se dilatan, intencional y maliciosamente, con el denunciado fin de recurrir a las históricamente corruptibles compras directas, el estado de calamidad sanitaria, en el que antes ya estaba el sistema público, se agrava y se profundiza, entonces, incluso más allá de lo qué, analógicamente hablando es, entrar a cuidados intensivos.      



 Una institucionalidad que sistemáticamente se resiste a romper ese nefasto círculo vicioso. El fangoso escenario de que en situaciones excepcionales y en casos de emergencia, la contratación directa es inevitablemente el procedimiento por medio del cual el Estado y sus instituciones pueden contratar o comprar de esa forma.                                                                                                                                                                                      Y, contradictoriamente, se trata del mismo comportamiento de lo que se nos ofreció en campaña electoral como la<a href="https://www.radiohrn.hn/salud-en-honduras-nido-corrupcion-editorial-hrn-2025-05-05" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> “nueva institucionalidad”</a>, esa misma que antes le “hacía las cruces”, y por lo que antes pasaron por el “paredón de fusilamiento” a lo que llaman la “narcodictadura”.                       



&nbsp;Ahora resulta que la contratación o las compras directas es una normativa vigente en la Constitución de la República cuando estamos en una situación de emergencia. Es que se trata, alegan, de la herramienta empleada para agilizar la adquisición de bienes, o en este caso, de medicinas.



¿Y no fue por esa herramienta que se le fueron encima a los que estaban antes?. Si el discurso electoral, recordamos, lo elaboraron en la base de denunciar el provecho personal de los funcionarios del Partido Nacional en el gobierno, lo que había fomentado aquella flagrante corrupción pública, con la que se violó los principios de la selectividad objetiva y de la  transparencia que debía blindar la contratación estatal directa.



En la institucionalidad hondureña, los controles fiscales, aunados a la ineptitud de los órganos fiscalizadores que generan toda esta impunidad, no nos siguen funcionando. Nada hoy, como tampoco antes, garantiza que la normativa vigente está ahora blindada para respaldar las contrataciones directas.



Es así como la administración de los recursos materiales y financieros en el Estado, se volvió débil y vulnerable.



 Fue así como las contrataciones directas convirtieron en  “pecadores” a cuánto funcionario público se prestó o lo involucraron en el tramite de las mismas.



Pasó en el gobierno anterior con la pandemia del COVID, sucedió en la administración de Pepe Lobo, en la de Mel Zelaya, es decir, en todos los gobiernos.



La excesiva discrecionalidad que tiene por abrogación el Poder Ejecutivo, sumada a la ineptitud de los organismos fiscalizadores, es, ha sido, y sigue siendo, el caldo de cultivo de esta inveterada vertiente de corrupción que son las compras y contrataciones directas.

Editorial HRN: Salud universal y las compras directas