Esta situación no se explica por falta de recursos, porque están disponibles unos cuatro mil millones de lempiras, sino por “pura incapacidad de gestión administrativa y politización”. Los derechohabientes tienen limitaciones para la programación de citas, en tanto que el equipo utilizado para realizar estudios especiales está en malas condiciones. A esta desgracia se agrega la falta de medicinas o, en su defecto, el deficiente sistema de abastecimiento, la carencia de insumos que obligatoria e injustamente son financiados por los mismos pacientes y la acumulación de la mora quirúrgica. Y ¿qué decir de la penosa atención ofrecida a los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Basta con reseñar que el número de atenciones ha disminuido progresivamente, sin dejar de lado que los servicios de consulta y hospitalización siguen siendo ofrecidos con displicencia, con desprecio y menoscabo a la población afiliada. Para males mayores, ha salido a la luz la operación de una red de falsos médicos que drenaron unos siete millones de lempiras a inicios de 2024, sin dejar de lado que este año los patronos y los trabajadores tendrán que pagar una cantidad más alta por aportaciones y cotizaciones. La deuda que los hondureños demandan que sea honrada es que se pase factura a los personajes ocultos de la cúpula política y económica que maquinaron el descalabro del Seguro Social y que se deduzcan responsabilidades a los funcionarios incapaces de gestionar la entidad previsional. Los afiliados son quienes han padecido todas las penas causadas por quienes han estado y aquéllos que se encuentran al frente del Seguro Social y que han contribuido a llevar la entidad a la podredumbre. Los miembros de la Comisión Interventora han afirmado a “pie juntillas” que el Seguro Social está en camino de salir de su estado de postración operativa, agonía financiera y atrofia administrativa. En el plano de la realidad, los clamores de los derechohabientes son los mismos, son los que han primado desde antes de que estallara la podredumbre de la institución a inicios de la década anterior. El reclamo de los hondureños es enfático: que se imponga el castigo ejemplar a quienes participaron de manera directa o marginal en el expediente del latrocinio del Seguro Social, pero que –igualmente- se exija una rendición de cuentas a los políticos que son incapaces de llevar a cabo una digna administración de dicha entidad. Porque hay que reivindicar los derechos de los afiliados que son, al cabo, el fin supremo y los sujetos centrales de la previsión social del país. LEA AQUÍ: Después del monstruoso saqueo en perjuicio del Seguro Social, la institución no ha podido salir de su miseria.