Es una misión infame defender lo que no tiene excusa. Los funcionarios que están comisionados para el manejo de la seguridad pública realizan todos los esfuerzos a su alcance, con el fin de desestimar las cifras que reflejan el repunte de la criminalidad.

La inseguridad se ha incrementado, especialmente en sus expresiones de narcotráfico, extorsión, sicariato y en las incursiones de las maras y pandillas. En poco más de una semana que ha transcurrido de 2022, el promedio de homicidios que reconoce la Policía Nacional es de diez cada 24 horas, pero en la realidad esa cifra es más elevada.

Las autoridades de Seguridad y Defensa tienen una visión muy corta o demasiado apegada al discurso fabricado que declara que Honduras es el único país que ha logrado reducir la criminalidad desde 86 a menos de 40 eventos por cada cien mil habitantes.

En fidelidad a la causa del Gobierno, los cargos altos e intermedios nos han pedido que "No olvidemos de dónde venimos" y afirmado que "los hondureños debemos sentirnos orgullosos de haber disminuido la tasa de criminalidad y de no estar entre los países más violentos del orbe".

El asunto concreto es que la delincuencia y la criminalidad organizada se han recrudecido. Sus organizaciones han vuelto a encontrar espacios libres para sus intervenciones y los cuerpos de seguridad y de investigación no han afinado sus estrategias ni le han dado seguimiento a los procesos de depuración de los operadores de justicia.

A todas luces, las acciones contra las agrupaciones de forajidos han sufrido un desfallecimiento que podría llevar a la pérdida de control sobre los movimientos de las organizaciones ilícitas.

Lo que sucede en el terreno de la realidad no es correspondiente con los fondos que han sido recaudados por El Tasón, justo para la finalidad de truncarles el paso, tanto a los delincuentes de poca monta, como a los criminales de alta laya.

En una década de existencia, el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional ha captado una cifra que supera los 21,000 millones de lempiras, una media de 2,100 millones anuales.

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Los resultados del combate a los núcleos delictivos en sus distintos grados son muy modestos e inexplicables, porque son sumas muy significativas las que han sido ingresadas en el “Tasón”, presuntamente para prevenir y luchar contra la violencia.

Los actos en ebullición del hampa, nos lleva a interpretar que ha sido estéril la recaudación por decreto de miles de millones de lempiras para el fideicomiso de seguridad poblacional y condenable que el manejo de esos dineros se haya mantenido en la opacidad, al margen de la rendición de cuentas.

Está planteado el compromiso de la gobernante electa, Xiomara Castro, y de sus cercanos colaboradores que tomarán el relevo a finales de este mes, de terminar con la secretividad en la utilización de los recursos para el sector seguridad.

Porque una demanda capital es que El Tasón, que no ha sido más que una mina de la que han echado mano sin mayor miramiento los políticos, sea sometido a los términos de la transparencia y de la rendición de cuentas para saber en qué se invierten esos recursos que son aportados por la población en general y los empresarios.

El anhelo de los hondureños de bien es que la batalla contra las estructuras delictivas y criminales tenga resultados verdaderos y no demagógicos ni arreglados, menos aún porque las autoridades que están por despedirse han tenido a su disposición cantidades excesivas a través del “Tasón”, cuyo balance es gris, cuestionado y turbio.