Una cosa son los discursos de las autoridades gubernamentales que presentan a Honduras como el país donde se ha producido el milagro de detener la violencia criminal y otra es lo que sucede de verdad.
En un poco más de una semana que lleva 2022, la Policía Nacional reporta un promedio de diez homicidios cometidos diariamente; no obstante, esa estadística es rebasada en el plano de la realidad.
Es un contrasentido que desde 2012, la Tasa de Seguridad haya recibido de varios sectores productivos un aporte de más de 21,000 millones de lempiras, a razón de 2,100 millones anuales, y que los resultados no sean notables.
Especialmente cuestionable es, para analistas entrevistados por HRN, que el fideicomiso de la Tasa Poblacional se haya constituido en una “cuenta blindada” con un manejo confidencial por parte de los gobernantes de turno.
La ejecución de masacres, ataques fatales con armas de fuego y blancas, lo mismo que los feminicidios, son el común denominador en los primeros días de este año.
Los informes de la Secretaría de Seguridad destacan que 2021 cerró con una tasa de 38 homicidios por cada cien mil habitantes, una baja de 48 puntos respecto a las cifras que prevalecían hace una década.
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El Observatorio de la Violencia contabilizó 40 sucesos sangrientos por cada cien mil habitantes, en comparación con una tasa de 38 por cien mil personas en 2020.
Los expertos afirman que las cifras estadísticas que presenta el actual gobierno son "maquilladas", porque la extorsión, el sicariato y el tráfico de drogas se han intensificado.
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, el año que recién concluyó tuvo una incidencia entre nueve y 13 sucesos sangrientos cada 24 horas.
Dos mil veintiuno terminó con más de 3,600 homicidios, en comparación con 3,500 que se perpetraron en 2020, un aumento de alrededor de 1.6 por ciento.
El promedio diario de eventos al corte de cada mes fue de 9.96 el año que acabamos de dejar atrás, contra 9.80 del período 2020, señala el archivo de la Policía Nacional.
Quienes se dedican a monitorear los problemas sociales del país, sostienen que todas sus modalidades de la criminalidad se han acentuado.
Un primer reclamo de los sectores mayoritarios del país es que salga a la luz la verdadera administración que se le ha dado a la nada despreciable cantidad de 21,000 millones de lempiras que han alimentado al Tasón, con el pretexto de financiar la batalla contra la violencia criminal, pero que en realidad no arroja un rendimiento positivo.
A lo sumo, lo que se destaca es que son dineros de los que no se sabe a ciencia cierta qué destino han tenido y en manos de quién han quedado.
