Un estudio presentado por la iniciativa privada establece, entre sus principales hallazgos, que una de cada tres empresas encuentra que el clima para invertir ha empeorado en los años recientes.
Con todo en contra, los emprendimientos no pueden establecer su nicho de crecimiento, ni multiplicar los puestos de trabajo; tampoco diversificar su producción, alcanzar un mejor nivel de competitividad, aumentar su inversión o atraer recursos externos.
Los obstáculos para hacer negocios en Honduras son muchos y de diversa naturaleza. Las empresas no pueden ser sostenidas; así como nacen, así mueren.
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No puede ser de otra manera. La economía no ha crecido por encima de tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un síntoma claro de su estancamiento; la llegada de capital foráneo rozará, con suerte, los 700 millones de dólares al término de este año; las exportaciones siguieron en picada; y se estima que 2023 concluirá con 90,000 puestos de trabajo perdidos.
Aparte, la incertidumbre ha tomado fuerza. La limitada disponibilidad de dólares amenaza con producir graves problemas y provocar mayor pérdida de reservas internacionales que, de por sí, han menguado hasta situarse en 7,487 millones de dólares.
La inseguridad jurídica, manifestada en la invasión de 45,000 hectáreas a nivel nacional, le ha puesto una lápida a las inversiones, tanto locales como externas.
¡Es una catástrofe!, si caemos en la razón de que, si no hay inversión nacional y si no llegan fondos externos, es imposible que la economía repunte, que se abran puestos laborales y que se reduzca la pobreza que tiene atrapados a siete de cada diez hondureños.
Una penalidad más: seis de cada diez emprendimientos son el blanco de los grupos que siembran inseguridad. Los reportes de pérdidas por criminalidad y robo se incrementaron en 70 por ciento, de acuerdo con lo revelado por informes del COHEP.
¿Puede ser peor el entorno económico de Honduras? Estamos frente al riesgo de una masiva emigración de las empresas hacia la informalidad o, en la peor de las situaciones, al cierre de sus inversiones por la imposibilidad de mantenerse en pie.
Es un imperativo consensuar un nuevo modelo de desarrollo económico y equilibrio social. Hay que pasar desde una confrontación estéril hasta un trabajo conjunto entre el Gobierno y la iniciativa privada, el sector que aporta el 80 por ciento de los tributos y que genera el 82 por ciento de los puestos de trabajo.
Si no es así, nuestro país seguirá hundiéndose en la economía colapsada, la pobreza, la corrupción, la inseguridad jurídica, la criminalidad y, como si no fuera suficiente, la irracionalidad político-ideológica.
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