Sembrarle más incertidumbres al calendario electoral y al mismo proceso comicial no puede ser una opción. Honduras está frente a uno de los desafíos más grandes, y la seguridad, confianza y certidumbre deben ser las cartas de garantía de la institucionalidad electoral ante la ciudadanía. No hay compromiso más grande, además del derecho fundamental, libre y democrático de participación ciudadana.
Las elecciones generales de noviembre próximo a través de las que vamos a elegir a nuestros representantes y gobernantes suponen el desafío pleno de profundizar en los mecanismos democráticos, legítimos y participativos por lo que nada justifica que desde la institucionalidad electoral misma se promueva la incertidumbre, la confusión y las dudas.
Ante una contienda de tal magnitud, en la que está en juego nuestra democracia y los derechos fundamentales de participación y elección, lo que menos necesitamos ahora es una institucionalidad dubitativa, calculadora o permeable a los intereses de los actores políticos y partidistas; una institucionalidad que no sea capaz de generar certidumbre, además, claro está, de confianza y credibilidad no nos va a servir de mucho y no nos va servir de nada.
Lo que el momento histórico demanda también es una institucionalidad electoral que además de profundizar en los mecanismos democráticos y en la estructura jurídica que la sustenta, se ciña al marco constitucional y legal, se obligue a implementar todas y cada una de las directrices, tenga claro el cumplimiento y el deber; vele por encima de los intereses partidistas, del bien común, y sea un garante de la libre y democrática participación ciudadana.
No es que sea mucho o poco lo que se le pida al Consejo Nacional Electoral, o al Tribunal de Justicia Electoral, o al Registro Nacional de las Personas, o a la Unidad de Política Limpia. Se les exige pues que se apeguen al marco constitucional, a su compromiso institucional y al estricto cumplimiento de la ley.
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Dejar de hacer o dejar pasar ya será una falta y un paso en falso que no hará más que poner en franco predicado la corresponsabilidad de los órganos electorales como el CNE con un necesario estado de certidumbre, confianza y transparencia, este último, pilar fundamental también de nuestra democracia.
Nada justifica que el Consejo Nacional Electoral incumpla los tiempos y no conforme y juramente a los Consejos Departamentales Electorales, o que postergue sin justificación probada, la divulgación del censo electoral que debió publicar el pasado 1 de octubre.
No es excusable que a un poco más de cincuenta días para los comicios generales, no sepa el CNE cuántas y qué escuelas y colegios están habilitados como centros de votación.
Grave es que a pocos días para las elecciones, la institucionalidad electoral no nos garantice certidumbre, confianza, seguridad ni compromiso con la tarea encomendada.
Así no podremos tener entonces elecciones claras, que den certeza. Esas condiciones, más la transparencia y la confianza que genere la institucionalidad, blindará el proceso de la trampa y el fraude, y consolidará el prestigio de las instituciones que hoy más nunca necesitan.
Si las elecciones no cumplen con los estándares convencionales de un proceso democrático, las consecuencias en el sistema político serán graves. Si las instituciones fallan por ejemplo, en el cumplimiento de los tiempos y el cronograma, generarán más incertidumbres de las que ya hemos tenido y deslegitimarán todo el proceso. Por tanto Consejo Nacional Electoral, de la rigurosidad legal y la eficiencia con la que deben actuar, dependerá la generación de certidumbre, confianza y credibilidad.
Las elecciones que queremos dependen de eso, como también de la imparcialidad, el compromiso e independencia de las instituciones electorales. Es que sólo así podremos generarle a estos procesos comiciales nuestros, la certidumbre, la confianza y la credibilidad perdidas.
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