Con demora y sólo después de revisar los números que reflejan el estado de una economía en proceso de destrucción, se ha anunciado que la próxima semana avanzaremos a la siguiente etapa de la apertura inteligente.
Tarde se han dado cuenta las autoridades del país que nos encaminamos hacia una hecatombe si las empresas de la economía formal y los negocios emprendidos por cuenta propia permanecen con sus puertas cerradas.
La reactivación de las actividades permitirá aliviar el golpe propinado al aparato económico y a la malla social de Honduras. El encierro ha dejado pérdidas por encima de los 100,000 millones de lempiras y se estima que el Producto Interno Bruto ha retrocedido entre ocho y diez por ciento, en camino directo a la recesión.
La transición de la etapa cero a la fase uno de la nueva normalidad abre la esperanza de rescatar de su fallecimiento al menos 300,000 empleos que son la fuente de sustento de centenares de miles de familias que ya no se hundirán en la pobreza extrema si salimos del confinamiento.
El retorno progresivo a los quehaceres económicos también proporciona una salida ante el descalabro en que han caído las finanzas públicas por el derrumbe de los ingresos tributarios, el desplome de las exportaciones y otros factores adversos.
Un hecho es cierto. Y es que la vuelta a las ocupaciones de generación de bienes y prestación de servicios debe ir acompañada de la apertura del rubro del transporte. Sin la circulación de los autobuses y de los taxis no será posible dar marcha al plan de reintegro paulatino de los empleados en sus labores.
No se puede pedir a las empresas, industrias y pequeños emprendimientos que carguen con el financiamiento del traslado de sus colaboradores en las circunstancias difíciles por las que atraviesan.
Se suponía que a inicios de junio se ejecutaría un plan piloto en el que participaría un segmento de taxis en la capital y un sector de pequeños autobuses en San Pedro Sula. Al final este ensayo no pasó de quedar plasmado en el papel.
Los transportistas han protestado en las principales ciudades del país. Arguyen que están en la lipidia como resultado de más de cuatro meses de inactividad y de esfuerzos infructuosos para que el Gobierno autorice la circulación de sus unidades dentro de los protocolos de bioseguridad indicados.
Más allá del otorgamiento de un bono que todavía no llega a la totalidad de sus beneficiarios, los transportistas –ciertamente- han estado desprotegidos en esta emergencia.
Se les ha marginado del proyecto de reapertura inteligente de la economía y no se les ha permitido discutir temas espinosos como la reducción en el número de pasajeros que tendrían que trasladar para evitar el contagio masivo por el nuevo virus, los costos de operación y la cobertura de su servicio en nuevos bloques de horas y días, igual como otras limitaciones relacionadas.
Estamos conscientes que el reto es monumental. Ni los usuarios ni los obreros del transporte han sido muy dados a una observación rigurosa de las normas. Su inclinación ha sido hacia el tumulto en sus diversas expresiones.
La reactivación de la economía, sin embargo, impone un cambio radical en todas las costumbres y prácticas que ahora resultan inconcebibles frente al ataque devastador del covid.
La fórmula salomónica en esta etapa reservada en la que nos encontramos descansa sobre la reconstrucción de la economía y el restablecimiento de la capa social de nuestra Honduras para evitar que el país se derrumbe.
