No hay, después de la pobreza e indigencia, un fenómeno más desestabilizador de un sistema democrático que la violencia y la criminalidad.

Un reciente informe presentado por el Barómetro de las Américas resaltaba, entre los hallazgos más alarmantes, que el crimen se ha convertido en un flagelo capaz de socavar, no solo los indicadores económicos -porque corre la inversión, aleja los capitales y desestimula los pequeños y medianos emprendimientos, sino por qué
además, provoca un retroceso en los índices de legitimidad democrática.

Quienes todavía no hemos, o no habíamos, dimensionado como en nuestro país, la violencia y criminalidad le han pasado una cara factura al clima empresarial y económico, provocando la fuga de capitales y alejando las inversiones, no hemos sido entonces conscientes de las consecuencias que el tejido social ha sufrido.

La violencia criminal se ha convertido en uno de los riesgos más grandes para la democracia institucional y para nuestro sistema de gobernanza.

De ahí, que la reacción de la institucionalidad gobernante no podía ya esperar, en tanto todos aquí solo hemos estado comparando estadísticas y contrastando nada más las cifras del día a partir de los tantos o pocos hondureños caídos bajo esta vorágine interminable de violencia.

La criminalidad organizada, como el narcotráfico transnacional, ya no sólo es una amenaza de orden público, sino que además, hace trastabillar el sistema democrático a través de la filtración y cooptación de todas las estructuras de gobernanza, justicia y seguridad del Estado.

Es hoy por hoy, seguramente, la amenaza más grande para la democracia en nuestra región, y no digamos, en nuestro país.

Apenas unos días atrás, el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado lanzó el denominado Plan Solución contra el Crimen; la respuesta institucional ante la demanda de seguridad que reclama la ciudadanía hondureña, en un momento en el que la tasa de homicidios, que ronda el 34 por ciento, nos ubica como el país más inseguro de América Central.

Es entonces la hora de entrar en acción. Es la hora de dejar atrás el contraste de estadísticas, la descalificación de cifras de estudios de organizaciones de sociedad civil, y de sólo echarle la culpa a los de atrás por el escenario de indefensión en el que hoy se encuentra la ciudadanía.

Las posiciones reduccionistamente políticas, electorales, y antagónicamente partidistas, para analizar la violencia en Honduras y sus efectos, han sido caldo de cultivo para el desbordamiento de la violencia y para que en Honduras se anidara la impunidad frente al reclamo de justicia y castigo.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional establecía en un reciente informe que el 95 por ciento de los crímenes contra mujeres están en la impunidad. De lo que se trata es de hacerle un frente común contra los delincuentes, a través de una normativa de Estado para combatir a la criminalidad en el terreno, y que simultáneamente incorpore las medidas preventivas, urgentes y necesarias.

La institucionalidad y las agencias de seguridad y defensa no están solas en esta lucha, que de todas maneras no la han podido ni la podrán librar solas, sin el acompañamiento de la sociedad, de los buenos ciudadanos de este país.

Es imperativo combinar todos los esfuerzos y energías en alianzas, fuertes y coordinadas, o mejor coordinadas que las de las organizaciones criminales.

Es la hora de darnos cuenta que necesitamos articular una estrategia interinstitucional y comunitaria a la vez, un frente común para devolverle la tranquilidad y paz a los buenos.

Sin un plan integral y sin un frente común, nunca desarrollaremos instrumentos fuertes y eficaces para luchar contra los criminales.

Esta es la hora de la institucionalidad encargada de la persecución del delito, del ejercicio de la acción penal y de la impartición de justicia, con el apoyo de la sociedad en su conjunto, para dar un golpe contundente a la violencia y criminalidad, en toda su configuración, y afinar por fin la batalla, en pro de la seguridad, la protección de la vida, y el imperio de la ley en un Estado de Derecho.