Los hondureños estamos convocados a las urnas el 28 de noviembre de 2021, a efecto de elegir los más altos cargos de poder para el período 2022-2026.
Los ciudadanos de este país hemos sido invitados a una nueva consulta a la que acudiremos bajo las disposiciones de la Ley Electoral que fue aprobada solo unas horas antes del llamado hecho por parte del Consejo Nacional Electoral.
Como era previsible, la normativa comicial ha generado crispación entre los líderes de los partidos mayoritarios que negociaron las disposiciones contenidas en la nueva ley, y los personeros de las denominadas fuerzas minoritarias o de "fachada", esencialmente en lo que toca a la conformación de las mesas que han pasado a llamarse Juntas Receptoras de Votos.
No resulta extraño que todo el debate alrededor de la Ley se haya fundamentado en la designación de los representantes de las instituciones partidarias en las mesas electorales.
Esto tiene su razón de ser. Y es que ha sido en las "MER", donde se han tejido la venta de las credenciales, el conteo fraudulento de los votos y la adulteración de las actas.
Los políticos, en especial aquéllos que representan a los "partidos grandes", son los que históricamente han entrado en componendas con las fuerzas "minoritarias o bisagras" para mover los hilos de los procesos comiciales que -si por algo se han caracterizado- es porque han estado ayunos de legitimidad y han sido violatorios de la voluntad del pueblo en quien reside el poder soberano.
La clase política ha quedado, una vez más, en deuda con los hondureños que estábamos a la expectativa de que fueran aprobadas reformas electorales sustanciales que incidieran en la profundización de la democracia.
Ante este hecho consumado, al menos esperamos que los cambios que contempla la ley en cuanto a la conformación de las Juntas Receptoras se cumplan en su espíritu de ponerle fin al "mercado persa" en que se han convertido las elecciones hondureñas, en virtud de la compra y venta de credenciales y de prácticas viciadas que han degenerado las consultas populares.
Es un imperativo que en la cita de noviembre exista una vigilancia rigurosa de los ciudadanos. Que cada uno de nosotros participemos en pleno uso de nuestro derecho a elegir y en nuestra condición de veedores del ejercicio democrático.
Es imprescindible que los centros de votación sean abiertos a los representantes de los medios de comunicación, a los miembros de la sociedad civil y a los observadores, tanto nacionales como aquéllos que serán acreditados por los organismos externos para acompañar nuestras elecciones generales.
No debemos permitir que se impongan restricciones de ningún tipo ni falsas justificaciones a la participación ciudadana en el conteo de votos, a fin de garantizar que los comicios del último domingo de noviembre sean transparentes, legítimos y el fiel reflejo de un compromiso para rescatar los valores de la democracia participativa que se resumen en escuchar "la voz del pueblo", fortalecer el Estado de Derecho y procurar la justicia.
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