Muy pocas veces el Presupuesto de la República es objeto de un amplio debate, pese a que se trata de un instrumento importante para la planificación del desarrollo del país.
El plan de ingresos y gastos para el período fiscal 2020 ha recibido una lluvia de recriminaciones por parte de los empresarios y de técnicos de organismos de la sociedad civil.
Los empresarios han alzado sus cuestionamientos alrededor del aumento de ocho puntos, más de 20 mil millones de lempiras, que experimentará el Presupuesto, y que no es correspondiente con el estado de recesión por el que atraviesa la economía.
Y estudiosos en finanzas han externado sus más duros señalamientos sobre la inequitativa distribución de los recursos, puesto que -en su grueso porcentaje- van dirigidos al servicio de deuda pública y al sostenimiento de una estéril burocracia, no para las áreas vitales de reducción de la pobreza, la educación, la salud y la seguridad social.
Concordamos con los juicios que sostienen los referentes de opinión que demandan que el proyecto del Presupuesto sea reconsiderado en sus renglones más importantes.
Surgen varias preguntas lógicas que es pertinente responder con razonamientos crudos que calcen con la realidad del país, y no con cifras acomodadas o interpretadas a la medida de los intereses oficiales.
¿Hacia dónde están dirigidos, en verdad, los recursos del Presupuesto? ¿Qué cifra está proyectada para el pago de la deuda pública y qué monto será drenado para el sustento de la maquinaria burocrática?
A estas dudas se agrega otra: ¿Es el plan de ingresos una plataforma estratégica para el desarrollo de Honduras? En rigor de verdad, No. Es una de las grandes flaquezas que periódicamente hemos anotado en cuanto al programa de ingresos y gastos de nuestro país.
Para el año entrante, el Presupuesto ha sido estimado en una estratosférica cifra que sobrepasa 282,000 millones de lempiras. Es una suma que impacta grandemente sobre una economía que no muestra un comportamiento rebosante, ni mucho menos en sus denominadores de productividad, competitividad, generación de empleo, inversión y creación de riquezas.
Es justificada la demanda tendiente a que la discusión y debate del Presupuesto 2020 sea transparente, claro, amplio e incluyente para evitar que este importante instrumento fiscal sea contaminado por consideraciones ficticias.
Porque, al final, tendremos más de lo mismo: Una injusta presión tributaria, un riesgoso déficit fiscal, un incontrolado endeudamiento y un acentuado desbalance en los indicadores sociales.
El reto está echado, en aras de resguardar la salud de las finanzas y la equidad. La distribución de los recursos del Estado debe reflejarse en el bienestar común, antes que en la creación de más riqueza para los más ricos y mayor pobreza para los más excluidos.
