El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, consideró el lunes (12.04.2021) que el Ministerio Público tendrá problemas con Axel Gamaliel López Guzmán, intermediario en la compra de siete hospitales móviles para atender emergencia sanitaria hondureña por covid-19.

De acuerdo con análisis de Orellana, López Guzmán no vive en el país y es extranjero, no se sabe cuál es su domicilio, los mismos señores de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) han señalado que han querido contactar su domicilio y no han podido.

"Está persona (Alex López) se mueve en el ámbito internacional con una gran incertidumbre, no hay certeza de su domicilio, si tiene nacionalidad estadounidense el escenario se vuelve más difícil porque los gringos no creen en el sistema hondureño".

El exfiscal detalló que "si alguna transacción de López operó en el sistema bancario estadounidense, entonces si Estados Unidos puede actuar directamente, independientemente que Honduras lo pida en extradición para su proceso acá".

Al ser consultado en Diario Matutino de HRN sobre la posible recuperación del dinero por la compra de los centros móviles, Orellana Mercado dijo que la situación es más complicada porque el MP tendría que identificar los bienes del señor Alex López en alguna parte del mundo y, si no se localizan, no hay forma de recuperar algo de dinero.

Añadió que la pista que se puede seguir es a través de cuentas bancarias, ya que era mucho dinero: 20 millones de dólares y pudo tener cómplices.

Acusación del Ministerio Público

El MP estableció que Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de director ejecutivo de Invest-H, y Alex Alberto Moraes Girón, gerente administrativo de la misma, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el señor Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems INC, pagando de manera anticipada el 100 por ciento del precio.

La adquisición se hizo sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público.

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