La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes 10 de junio que un juez ordenó a la Empresa de Energía Honduras (EEH) pagarle al Estado 686 millones 574 mil 298 lempiras con 85 centavos (L686,574,298.85) por concepto de costas procesales.

Según lo comunicado, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió a favor del Estado en el expediente judicial número 0801-2021-04035-CPEE.

El expediente en mención corresponde a un proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial promovido por la EEH contra el Estado de Honduras, mismo que se rechazó por el tribunal tras los argumentos legales presentados por la PGR.

"La decisión se deriva de una acción judicial en la que la PGR desmontó una pretensión infundada y obtuvo una victoria legal contundente", precisaron las autoridades.

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Acción que promovía la EEH contra Honduras

El procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz-Galeas, explicó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que la EEH promovió una acción para que el Estado le pagase un monto que asciende los cuatro mil millones de lempiras por reclamaciones contractuales con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

"Una pretensión completamente infundada, completamente arbitraria e instrumentalizada que fue de manera ilícita", manifestó.

Es así que, tras el argumento del Estado, la jueza que conoció la causa reconoció la razón y el derecho de Honduras.

"Una vez que fue declarada no ha lugar la pretensión de la parte actora, se le condenan costas por haber llevado al Estado de Honduras a una demanda a la que no debió acudir y que no debió ser promovida en contra de la República", explicó.

Agregó que actualmente están en fase de ejecución, adelantando que están decididos a que la misma "se cumpla, a cabalidad, hasta el último centavo, para que sea entrado este monto al teoso de la nación".

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¿Qué son las costas procesales?

Las costas procesales son los gastos que hacen las partes en ocasión de un procedimiento judicial, incluyendo honorarios de abogados, tasas, derechos y otros costos asociados.

Generalmente, el pago de estos gastos recae en la parte perdedora del proceso judicial.

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