El exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana, opinó que la justicia de Honduras no ha respondido de la forma que debería ante el saqueo de fondos que hubo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tras la liberación de Ilsa Vanesa Molina, conocida como "la Palillona", quien estuvo involucrada en el saqueo de la institución.

Según Orellana, las autoridades han fallado porque no todos los implicados en el desfalco del IHSS están presos, las acciones que se han aplicado a muchos de ellos "no son las que corresponden por la proporción del delito" y también por el hecho de que algunos políticos emitieron un nuevo Código Penal que redujo sustancialmente las penas, "entre otras por lavado de activos", expresó el abogado en respecto a Molina.

Además, comentó que el señalamiento del Ministerio Público respecto a que la liberación de la exmodelo es un error, debe ser muy analizado, ya que el organismo público dice que la expalillona estaba relacionada con un grupo de delincuencia organizada "y si es así el Código Penal establece claramente que no le corresponde el beneficio de la libertad condicional", aseguró Orellana.

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También, opinó que todos los casos de corrupción que han salido a la luz es gracias a la participación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ya que antes de ello "el Ministerio Público estaba adormecido... aquí si no viene una presión extranjera... a presionar las acciones en contra de la corrupción y en contra del narcotráfico y el lavado de activos muy difícilmente vamos a tener nosotros gente en la cárcel condenados", comentó.

Por su parte, el Ministerio Público, emitió un comunicado el sábado (20.3.2021) para informar que apelará la decisión que tomó el juez para dejar en libertad a la expalillona, Ilsa Vanesa Molina.

https://twitter.com/radiohrn/status/1373619901072572417?s=20

Molina, fue liberada el sábado (20.3.2021) y cumplió la mitad de su pena, ya que estaba condenada a 12 años y tres meses de prisión por el delito de lavado de activos de al menos 10 millones de lempiras mediante la empresa Insumedic y a su madre, Ilsa Aguirre, fue condenada a ocho años de prisión por los delitos de lavado de activos y testaferro.

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