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La alcaldesa de El Corpus, Choluteca, en el sur de Honduras, Katherine Guillén, denunció un embargo por más de 63 millones de lempiras contra la alcaldía en mención, una medida que —según afirmó— compromete seriamente la operatividad del gobierno local y afecta de forma directa a la población.



Históricamente la alcaldía estuvo en manos del Partido Nacional y por primera vez la ganó una representante liberal. 



Decenas de exempleados demandantes reclaman indemnizaciones, préstamos, reajustes de salarios, aguinaldos y decimocuarto mes de salarios.



En entrevista para el noticiero TN5 Matutino, de Canal 5 de Televicentro, la funcionaria aseguró que el proceso judicial presenta “graves irregularidades” y que se originó en decisiones adoptadas durante la administración anterior.



“Este daño no me lo están haciendo a mí como persona, se lo están haciendo directamente al municipio entero”, declaró Guillén, al advertir que el embargo a la alcaldía de El Corpus limita la ejecución de proyectos sociales y comunitarios. 



En ese sentido, señaló que la municipalidad recibe alrededor de 29 millones de lempiras anuales en transferencias, por lo que el monto reclamado equivale a casi tres años de funcionamiento.



Además, la alcaldesa también cuestionó la rapidez del proceso judicial y afirmó que los plazos fueron “extraordinariamente cortos”. 



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<h2>Cronología: despidos, conciliación y embargo </h2>



Según explicó la alcaldesa, el acuerdo conciliatorio que dio paso al embargo a la alcaldía de El Corpus comprometió el pago de más de 63 millones de lempiras en apenas tres días hábiles, “algo materialmente imposible para cualquier municipio”.



Según la alcaldesa, así se dieron los hechos:



<ul><li>Entre el 17 y 31 de diciembre la alcaldía saliente decreta despidos masivos</li><li>Del 19 al 22 de diciembre los exempleados entregaron poder al abogado demandante (algunos de ellos antes del despido, según Guillén)</li><li>El 26 de diciembre el exalcalde Luis Andrés Rueda entrega poder al abogado que debía defender a la municipalidad</li><li>El 5 de enero el representante de la alcaldía firma un acuerdo conciliatorio, comprometiéndose a pagar casi 63.2 millones de lempiras </li><li>El 12 de enero el representante de los exempleados presenta una demanda ejecutiva </li><li>El 19 de enero se resuelve y se ordena el embargo </li><li>El 2 de febrero se libera oficio de embargo dirigido al Banco Central de Honduras con afectación a la Caja Única. </li></ul>



"Esto evidencia un escenario que apunta a una colusión manifiesta", según la alcaldesa.



Guillén anunció que sus apoderados legales solicitaron la nulidad absoluta de lo actuado y pidió auditorías e investigaciones a varias instituciones del Estado.



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<h3>Poder Judicial anuncia revisión y recuerda límites legales</h3>



Ante la polémica, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Corte Suprema de Justicia revisará el caso y solicitó toda la información relacionada con el expediente para determinar si el procedimiento se ajustó a la ley.



“Existe un compromiso de la magistrada presidenta (de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando) de obtener todos los detalles del caso para revisar lo que está siendo planteado”, afirmó Duarte en entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi. 



De su lado, la magistrada Obando explicó que el millonario embargo no fue una decisión judicial, puesto que existió una conciliación entre trabajadores y la representación legal de la municipalidad. Dicho arreglo fue avalado por la Secretaría de Trabajo y finalmente fue homologado en los juzgados del Trabajo.



Duarte recordó que, desde el pasado 2 de febrero, la Sala Laboral Contencioso Administrativa giró una circular a jueces y magistrados reiterando que los embargos solo deben ejecutarse cuando las sentencias estén firmes.



Asimismo, enfatizó que la Corte ha instruido a los juzgados a cumplir lo establecido en la Ley General del Presupuesto de la República, que limita los embargos contra instituciones públicas. 



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“Se está reforzando que las órdenes judiciales se emitan y ejecuten conforme al procedimiento legal”, agregó, al señalar que habrá coordinación con las instancias jurisdiccionales involucradas para definir el curso del caso.



Para tal efecto, Duarte se dirigió a la alcaldesa explicándole: "Lo que corresponde es solicitar la información para poder ofrecer una respuesta que sea satisfactoria, en primer lugar, para conocer a fondo la situación que se está planteando".



"Lo primero es conocer la situación, empaparse del caso y, posteriormente, tomar las directrices que correspondan conforme a la ley, respetando también la independencia de los jueces y magistrados", sentenció Duarte.



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<h3>Exalcalde defiende legalidad y rechaza señalamientos</h3>



Por su parte, el exalcalde de El Corpus, Luis Andrés Rueda, rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que el embargo responde a derechos laborales legítimos de exempleados municipales. 



En entrevista para La Tarde, de HRN y TSi, el exedil de El Corpus aseguró que los cálculos no los realizó su administración, sino la Secretaría de Trabajo, con base en fechas de ingreso y salida del personal.



“Lo que aquí está en juego son los derechos laborales de las personas que trabajaban en la alcaldía”, afirmó Rueda. 



Asimismo, el exfuncionario municipal explicó que, al cierre de su gestión, la municipalidad acumulaba hasta seis meses sin recibir transferencias, situación que —según dijo— permitió a los empleados acogerse al despido indirecto conforme al Código de Trabajo.



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Rueda también indicó que existen más de 100 alcaldías demandadas a nivel nacional por situaciones similares y aclaró que, hasta el momento, “no se ha pagado ni erogado un solo centavo” por concepto del embargo en la alcaldía de El Corpus. 



“Los entes contralores y los juzgados tendrán que determinar lo que corresponda”, concluyó.



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¿Qué acciones vienen por embargo de L 63 millones que enfrenta Alcaldía de El Corpus?