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Moncada detalló que el gobierno de Xiomara Castro está utilizando un parámetro de 12 años para plantear la reforma tributaria, pero, a su criterio, debe hacer cálculos desde 1982 y tomar en cuenta el trienio de gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.



"Que incluyan el periodo del 2006 al 2009, del presidente Zelaya, y le distemos las exoneraciones y la política fiscal que tuvo el gobierno en ese momento para que vean que es un comportamiento que se ha dado en la economía del país", expuso Moncada a la Fuera Informativa de noticieros Hoy Mismo y HRN.



<h4>Cobro de impuestos</h4>



Asimismo, el economista aseguró que la reforma tributaria que pretende poner en práctica el gobierno debe tener un equilibrio en el cobro de impuestos para no afectar a las clases sociales con menor condición para este tipo de gravámenes.



<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://wp.radiohrn.hn/wp-content/uploads/2023/03/image-17.png" alt="" class="wp-image-300641" /></figure>



"Yo creo que eso es viable revisar y es de hacer unos impuestos que realmente generen un equilibrio entre el que más gana pues más pague, pero cuidando un poco no afectar las ciertas clases sociales que de una u otra manera no tienen condiciones", externó.







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Al respecto, Moncada dijo que "nosotros quisiéramos solventar esta situación pero no de la manera que el gobierno está proyectando en la ley actual"



Además, expresó que derogar las condiciones que pueden generar empleo a la población, como la ley de empleo por hora (derogada en 2022), vienen a destruir un modelo que se puede mejorar para generar riquezas para el país.



En ese sentido, el analista afirmó que esa riqueza puede generar más impuestos, mismos que, bien orientados, pueden ayudar a combatir la pobreza en Honduras.



<h4>Eliminación de exoneraciones</h4>



Por otra parte, José Luis Monada afirmó que a la intención del gobierno de derogar algunas exoneraciones fiscales vigentes en Honduras, puede traer efectos negativos para el país en aspectos jurídicos y económicos.



<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://wp.radiohrn.hn/wp-content/uploads/2023/03/image-18.png" alt="" class="wp-image-300642" /></figure>



"Hay bastantes efectos negativos en esta decisión de derogar dieciocho regímenes y esto va a tener algunas implicaciones jurídicas por derechos adquiridos y el efecto que puede tener de competitividad", relató.



De tal modo, el economista instó a la oposición política del país a reaccionar y defender el desarrollo económico en Honduras.



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<h4>Secreto bancario</h4>



De igual manera, el experto en economía manifestó que eliminar el secreto bancario, como una manera de prevenir la evasión fiscal, no es un mecanismo correcto para contrarrestar el flagelo, ya que -afirmó- este es parte de los derechos individuales de cada persona.



"Hay una contradicción, es que mientras quieren que el hondureño abra sus cuentas y enseñe sus utilidades sus depósitos y demás, el gobierno de la República crea que la partida presidencial, que tiene un grado de secretividad, es decir, una partida que genera de impuestos del pueblo hondureño, que debe ser transparente", sentenció.



Moncada remarcó que esta medida es planteada por el gobierno hondureño con carácter político y no constituye la transparencia que la población espera de parte de las autoridades.



<h4>Ley de Justicia Tributaria</h4>



El gobierno de la República socializó el miércoles 8 de marzo a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) el proyecto de Ley de Justicia Tributaria al sector privado de Honduras.



Dicha propuesta de reajustes tributarios del Ejecutivo, que contempla la eliminación de 16 exoneraciones fiscales, sería enviada al Poder Legislativo para su aprobación por parte de los diputados del Congreso Nacional.



Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) catalogó la reforma tributaria como "peligrosa" ayer en conferencia de prensa.



A su vez, la entidad privada anunció que socializará con todas las organizaciones empresariales la propuesta del gobierno para discutirla antes de que sea presentada al CN y este la apruebe.



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