Los procesos de privatización y reajuste económico que impulsan organismos financieros avanzan en Honduras a mayor velocidad, pese al rechazo de sectores políticos y sociales que denuncian que esas medidas aumentan la pobreza.
Tal es lo que está plasmado en análisis de organismos externos y que coincide con los juicios de valor expresados por sectores que rechazan la división de la ENEE en tres empresas.
Hace un año la Comisión Interventora anunció la fragmentación de la estatal eléctrica en las empresas EGECO de generación, EMETO de transmisión y EDCO de distribución. Cumplido ese lapso, se ha iniciado la ruta hacia ese nuevo modelo.
El principio es que los generadores no tendrán intervención en el sistema de transmisión y los gestores de este rubro tampoco lo podrán hacer en la distribución o en sentido contrario, porque serán acciones de intervención de una sola vía y competencia.
Unos segmentos piensan que se trata de un esquema de operación de tres empresas técnicas y libres de injerencias políticas; otros grupos, sostienen que es el desenlace de un proceso que ha pasado por el derrumbe de las finanzas de la ENEE, el fracaso de su administración y la pésima ruta operativa que ha seguido la institución de servicio público.
La ENEE finalmente será repartida con propósitos inciertos, según la advertencia de los críticos que responsabilizan a los políticos, algunos empresarios y ciertos líderes gremiales que han aportado su cuota al debilitamiento de las empresas de servicio público.
La normativa a la que se ha dado discusión y aprobación en el Congreso Nacional establece como objetivo central el de modernizar la institución a través de un esquema que tiene a la ENEE como la matriz del subsector eléctrico.
Funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), han explicado que el polémico decreto legislativo le da cumplimiento a la Ley General de la Industria Eléctrica que hace posible la partición de la ENEE.
Las empresas en gestación (EGECO, EMETO y EDCO), seguirán siendo propiedad del Estado y su finalidad es la de volver eficiente y competitiva la ENEE, han aclarado miembros de la Administración Central y de la Cámara Legislativa, aunque críticos de la realidad nacional afirman que es tajantemente una privatización de la estatal eléctrica.
Hay muchas dudas que No han sido aclaradas aún. Por ejemplo: ¿Quién garantiza que la nueva estructura incida en el rescate de la ENEE? ¿Cómo puede dar resultado la ramificación de la entidad si antes No fue descontaminado el tronco; es decir, la misma Empresa de Energía Eléctrica?
¿Es un proceso velado de privatización? No se trata sencillamente de acusar a quienes se oponen a la entrega de la ENEE, de estar en contra del desarrollo de las empresas estatales que ahora se encuentran debilitadas y operan sin posibilidades de competitividad.
